El Gobierno presenta el anteproyecto para liberalizar los servicios funerarios

El Ministerio de Economía y Hacienda ha presentado hoy al Consejo de Ministros un informe sobre el anteproyecto de Ley de Servicios Funerarios, que tiene como finalidad "eliminar barreras" de ejercicio y acceso a este tipo de actividad.Según un comunicado del Ministerio, el anteproyecto de ley "actualiza y moderniza" la regulación de los servicios funerarios y garantiza la libertad de elección del prestador de dichos servicios por parte de los usuarios, así como la aplicación de prácticas que eviten la aparición de "riesgos para la salud pública".

Este texto ha sido elaborado conjuntamente por el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Sanidad, en cumplimiento del mandato establecido por la normativa europea de liberalización de servicios, más conocida como "Ley Ómnibus".

La nueva norma elimina "todos los requisitos innecesarios o desproporcionados" para el acceso a la actividad funeraria, como la necesidad de contar con un número mínimo de vehículos y de trabajadores, salas de velatorio o una solvencia financiera acreditada.

Menos restricciones

Asimismo, se sustituye la autorización de acceso a la actividad por una declaración responsable que habilita para el ejercicio en todo el territorio español, y se suprimen las autorizaciones sanitarias para trasladar cadáveres que "no presentan riesgos para la salud pública". También se elimina la prohibición de trasladar a un fallecido hasta después de 24 horas de su muerte, la exigencia de que dichos traslados deban realizarse por empresas con autorización municipal, la obligación de realizar prácticas de conservación a partir de las 48 horas del fallecimiento y los permisos sanitarios para llevarlas a cabo.

Además, el anteproyecto suprime la reserva de actividad a los médicos forenses para prácticas de conservación.

Según Economía, la eliminación de estos requisitos tendrá "un significativo impacto" sobre la competencia efectiva en el sector, y supone una reducción de cargas administrativas que rondaría los 18,3 millones de euros.

De esta cantidad, el 8% del ahorro total anual calculado beneficia a las empresas en el momento de su creación, ya que se termina con varios trámites de acceso a los servicios funerarios, en tanto que el 92 % restante deriva de la supresión de trámites para poder ejercer esta actividad.