Un matrimonio lleva al banquillo a su exasesor de ING por supuesta estafa

Un antiguo agente de ING se sentó ayer en el banquillo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, acusado de estafa y falsedad documental. A Luis Pablo E. M. le pide la Fiscalía un año de prisión y sus antiguos clientes, cuatro. Unos clientes que él mismo reconoció que habían sido amigos íntimos de su familia. Por eso confiaron en él, relataba ayer la denunciante. Esta vecina de la capital, de 68 años y ama de casa, explicó al tribunal que en el año 2004 decidieron mover parte del dinero que habían guardado siempre en una sucursal de otra entidad por una razón muy básica: «El hombre que siempre nos había atendido se jubiló. Ya no conocíamos a nadie y nuestros amigos nos dijeron que nos pusiéramos en manos de su hijo». El acusado no lo negó, sus clientes lo conocían «desde que era un niño». Ése fue el motivo que llevó a este matrimonio a iniciar una relación profesional.

En total, las víctimas le entregaron hasta 32.000 euros en cuatro operaciones. «Lo único que le dijimos es que queríamos tener nuestro dinero en un sitio seguro y que pudiéramos sacarlo en cualquier momento». Las reuniones que mantenían con su asesor, según la clienta, se hacían fuera de la sucursal incluso cuando le entregaban dinero. Algo que también ratificó el director de la oficina.

La mujer, de escasa formación y sin conocimientos financieros, respondía ayer a duras penas a las preguntas de la defensa, que trataba de demostrar que la víctima sí sabía donde estaba invirtiendo su dinero. Los problemas comenzaron cuando en 2009 la pareja trató de rescatar parte de su dinero para afrontar los gastos derivados de una enfermedad coronaria que sufre el marido, jubilado de Astilleros. Una dolencia que le impidió testificar. Fue cuando supieron que no podían sacar sus ahorros y que estos habían menguado notablemente. Más de la mitad del dinero invertido (unos 18.000 euros) se habían volatilizado. Según la acusación, el matrimonio había contratado un fondo que jugaba un 50% de los recursos en la bolsa, pero no lo sabía.

La firma de la esposa aparece en el documento de solicitud para contratar ese producto en el año 2007. Sin embargo, en la póliza que debería haber suscrito con las condiciones particulares, su rúbrica fue falsificada. Al menos eso es lo que declaró un perito de la Policía Nacional, experto en caligrafía. Dijo que había sido el acusado quien firmó por su clienta. La defensa trató de desvirtuar esa prueba, pero el agente fue rotundo en sus respuestas.

Para la Fiscalía ésa es la prueba del delito de falsedad documental. Sin embargo no consideran acreditada la estafa porque los denunciantes «tenían la obligación de informarse de lo que estaban contratando». La acusación lo entiende de otra forma y defiende que hubo un engaño con ánimo de ganar más dinero en comisiones por parte del acusado.