Caamaño niega que el Gobierno haya sugerido al Constitucional que admita listas de Bildu

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha negado hoy que el Gobierno haya sugerido al Tribunal Constitucional (TC) que admita algunas listas de Bildu a las elecciones del próximo 22 de mayo, lo que, en su opinión, "es un rumor absolutamente infundado". "El Gobierno ha hablado ante los jueces exclusivamente a través de los recursos que presenta la Abogacía del Estado", ha añadido Caamaño, en una entrevista en RNE, en referencia a las últimas declaraciones de algunos dirigentes del PP.

El ministro además se ha mostrado sorprendido por el hecho de que "se puedan hacer afirmaciones de otro tono que sólo hacen contaminar el prestigio de las instituciones democráticas y poner en duda la independencia de nuestro sistema judicial". También ha dicho que él no ha hablado ni con el presidente del TC, Pascual Sala, ni con los magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo (TS) que ha prohibido a las candidaturas de Bildu concurrir a las elecciones del 22 de mayo por considerar que responden a un pacto para permitir a Batasuna-ETA volver a las instituciones.

Estas acusaciones, según ha dicho, "son la mejor forma de fijar una posición de presión" y "eso sí que es intentar influir sobre los Tribunales de Justicia y algo que un demócrata nunca debería hacer". El ministro de Justicia ha pedido que no se intente presionar desde el exterior al TC en su decisión sobre Bildu, la cual será responsabilidad no del Gobierno, sino de este Tribunal, que es el guardián de la Constitución y de los Derechos Fundamentales.

Según ha declarado, es bueno que ahora el Constitucional tome en Derecho su decisión sobre el recurso de Bildu contra la sentencia del Tribunal Supremo. El titular de Justicia ha asegurado que normalmente la aritmética progresistas/conservadores en el Tribunal Constitucional "se nos ha demostrado como una aritmética fallida", ya que cada magistrado responde de sí mismo y ante su propia conciencia.

Horas para tomar la decisión

Tan sólo hasta medianoche para decidir la suerte electoral de 254 listas y 3.500 candidatos. Nunca antes en ningún proceso de ilegalización de partidos bajo sospecha el Tribunal Constitucional se había enfrentado a unos plazos tan apurados y tal cantidad de trabajo. La ampliación en 24 horas del plazo dado a Bildu para que presentara sus alegaciones, los retrasos del Supremo al notificar la ilegalización de las candidaturas, la demora de la propia coalición a la hora de presentar su amparo ante la corte este miércoles y la negativa del Constitucional a resolver las cuestiones procedimentales sobre la marcha han reducido al mínimo el tiempo de deliberación de los magistrados, que se reunirán a las 10.00 horas y deberán decidir antes de la medianoche de este jueves si, como alega a alianza 'abertzale', el alto tribunal ha violado sus derechos, los de sus candidatos y los de sus hipotéticos votantes a la participación política.

Los seis magistrados de la Sala Segunda del Constitucional apenas se reunieron durante dos horas este miércoles, poco después de que Bildu presentara en el registro su recurso a media tarde, solo 32 horas antes de que comience la campaña electoral del 22-M.

Los tres conservadores, Francisco Hernando, Ramón Rodríguez Arribas y Francisco Pérez, y los tres progresistas, el presidente de la sala Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Luis Ignacio Ortega, se limitaron a admitir a trámite el escrito de la coalición bajo sospecha y nombrar un ponente para la sentencia, Hernando.

La designación del expresidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial provocó de inmediato la recusación de Bildu, al entender que Hernando, que abandonó el pasado enero el alto tribunal, está 'contaminado' porque ha participado en los últimos ocho años, como presidente de la institución y de la propia Sala del 61, en la elaboración de todas las sentencias de ilegalización de Batasuna y de sus herederas.

La sala no quiso entrar siquiera a valorar la recusación ni tampoco a estudiar el recurso. Se limitó a dar traslado del escrito de Bildu a las dos instituciones que promovieron su ilegalización en el Supremo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, a las que conminaron para que antes de las 10.00 horas de hoy presenten sus alegaciones. Sólo entonces, explicaron fuentes del Constitucional, la Sala Segunda decidirá si acepta la recusación de Hernando, si nombra a otro ponente y, sobre todo, qué órgano será el que resuelva el destino de Bildu; si la propia sala o el asunto se envía al pleno habida cuenta su trascendencia.

Este asunto, en modo alguno, es baladí. En la sala, si no se aparta a Hernando, la correlación de fuerzas entre conservadores y progresistas es absolutamente pareja, lo que, en principio, podría llevar a un empate que resolvería el voto de calidad del presidente, Eugeni Gay. Si Gay, el presidente de la corte, Pascual Sala, o tres de los magistrados reclaman que el asunto se ventile en el pleno la situación cambiaría, ya que es mayoritario -por siete a cuatro- el sector progresista.

Ciudadanos y partidos

Sea la sala o sea el pleno, los magistrados deberán estudiar contrarreloj el vasto recurso de Bildu. La coalición, como es preceptivo para pedir el amparo del Constitucional, alegó ayer la vulneración de los derechos y libertades fundamentales de personas individuales, tanto de electores como de elegibles, y de las dos "formaciones políticas legales" que forman Bildu, Eusko Alkartasuna y Alternatiba. En particular, el recurso, asegura el Supremo, ha violado los derechos al acceso en igualdad de condiciones a cargos públicos y de participación en asuntos públicos y que el alto tribunal también ha conculcado la libertad ideológica, de expresión y asociación de los votantes y candidatos.

Bildu, que también invoca la violación de preceptos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, recuerda al Constitucional la "repercusión social y política" de la decisión del Tribunal Supremo de dejar fuera de las elecciones a 254 listas y 3.500 candidatos entre Euskadi y Navarra. Y que la anulación de tal cantidad de planchas sin duda alterará la representación institucional.

La coalición incide en su escrito en que en algún momento del proceso de formación de Bildu ETA ofreció alcanzar un acuerdo con Eusko Alkartasuna, pero que el partido fundado por Carlos Garaikoetexea en 1986 rechazó esa posibilidad porque no incluía el cese de los atentados. Sostiene asimismo que no es la organización terrorista la que impulsa la alianza sino que fue Eusko Alkartasuna la que desde 1992 propuso en varios documentos la unidad de fuerzas políticas soberanistas dentro de los cauces legales y democráticos. ETA, agrega el recurso, inicia esta reflexión solo a partir de 2008.

Al igual que hiciera en las alegaciones al Supremo en el proceso sobre la inscripción de Sortu como partido el registro del Ministerio del Interior y en el debate jurídico sobre la propia Bildu, los abogados de la coalición inciden en que la participación de la izquierda abertzale en el proceso negociador no puede considerarse "un indicio" de que ETA estaba detrás. Recuerda en este sentido que el propio Constitucional consideró que la ilegalización de un partido no conlleva "la privación de los derechos de sufragio activo y pasivo" de los dirigentes o afiliados de la formación proscrita.