El PNV rompe con el Gobierno

Ni siquiera 24 horas. Conocida la decisión del Tribunal Supremo de anular todas las candidaturas de Bildu, Iñigo Urkullu consumó sin más dilación su amenaza y anunció la ruptura con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El golpe es duro para el Ejecutivo, que hasta la fecha ha encontrado en el partido nacionalista a uno de sus socios más fiables, sobre todo después salvar los Presupuestos Generales del Estado, sin los cuales habría quedado abocado a convocar elecciones anticipadas.

El Gobierno no lo da todo por perdido. Apenas dos horas después de conocer la noticia, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, trató de minimizar el alcance de la ruptura. «Entiendo -dijo esperanzado en Tele 5- que es una paralización». Es decir, confía en que la decisión sea reversible y que su buena relación con Urkullu ayude a recomponer puentes.

De no ser así, su partido tendrá que enfrentar el tramo final de la legislatura en situación de extrema debilidad. Porque los nacionalistas le niegan el pan y la sal y le retiran su posible respaldo de forma general y preventiva, para cualquier proyecto que pretenda sacar adelante. «A partir de este momento el PNV pone en suspenso toda colaboración y apoyo para sus nuevas iniciativas», sentencia la declaración que Urkullu leyó ayer a media tarde en Sabin Etxea sin permitir preguntas.

La 'espantada' de los peneuvistas deja al Ejecutivo del PSOE a merced de los diez escaños de CiU en el Congreso para impulsar las reformas económicas que aún tiene pendientes e intentar aprobar las Cuentas de 2012. Lo que es lo mismo que dejarle entre la espada y la pared. El apoyo de los nacionalistas catalanes tiene un altísimo precio: los 1.340 millones de euros del fondo de competitividad que reclama Artur Mas para enjugar el déficit de Cataluña

Paradójicamente, en la cena que el presidente del Gobierno mantuvo con Urkullu hace unas semanas el líder nacionalista se ofreció a negociar los próximos Presupuestos si se iba cumpliendo según lo pactado el calendario de traspasos estatutarios que elPNV logró fijar a cambio de su apoyo. Pero el panorama ha dado un vueco radical. Hasta ahora, Sabin Etxea mantenía una excelente sintonía con Moncloa, que se reflejaba en las frecuentes llamadas telefónicas y reuniones de Urkullu con el vicepresidente primero y con el jefe del Ejecutivo. Pero el PNV siempre ha ligado su apoyo a Zapatero a la posibilidad de abrir un tiempo de «estabilidad» que permitiera consolidar la paz en Euskadi, lo que, a su juicio, pasaba inexorablemente por pemitir la concurrencia de la izquierda radical a los comicios.

La actitud inflexible del Gobierno con ese mundo ha resultado ser contraria a la que esperaban y por eso, dicen, no les ha quedado más remedio que cortar por lo sano. No obstante, en Sabin Etxea aseguran que serán «contundentes» pero «prudentes» en la práctica hasta que en la medianoche del jueves se pronuncie el Tribunal Constitucional, que podría todavía cambiar la suerte de Bildu.

La voladura de los puentes con el Gobierno central, que no afecta a lo ya pactado hasta ahora, se produce, según recalcó ayer Urkullu, porque el PNV hace «responsable» al Ejecutivo de la ilegalización «política» de Bildu, al impulsar «la promoción de las tesis» en que se ha fundamentado el fallo del Supremo.

Presión social

El Gobierno cree, en cambio, que los nacionalistas actúan así ,exclusivamente, porque se encuentran «muy presionados» por la opinión pública vasca. Esa es, según fuentes cercanas al vicepresidente, la conclusión que sacó Rubalcaba de la larga conversación telefónica que mantuvo este domingo con Urkullu para intentar serenar los ánimos. Entonces, según aseguró el propio ministro del Interior, el presidente del PNV le explicó su postura pero no le dijo que estuviera pensando en dar el paso de retirar su apoyo al grupo socialista en el Congreso ya, antes de que el Constitucional diga la última palabra.

El Ejecutivo no descarta que el máximo intérprete de la Carta Magna tome una decisión contraria a la del Supremo. Sobre todo, vista la enorme división de criterio que se ha dado el alto tribunal. El propio Rubalcaba ha repetido ya varias veces que «comprende» la posición del PNV y su convicción de que ha llegado la hora de dejar a la llamada izquierda 'abertzale' reincorporarse a las instituciones, aunque no la comparta. El pasado viernes reconoció incluso que es «legítimo» creer que debe darse ese paso.

Incluso entre los socialistas han empezado a aflorar discrepancias con la decisión del Supremo. Primero fue la de los catalanes, pero aún más significativa resulta la del líder de los diputados vascos en el grupo parlamentario, el veterano Txiki Benegas. Él, que fue negociador de la reforma de la ley electoral para cortar el paso a Batasuna, defendió ayer que «no tiene ningún sentido» que EA y Alternatiba, los dos partidos que formaban la coalción Bildu con independientes, no puedan estar en las elecciones y que «había otra vía más sensata que era anular las listas verdaderamente contaminadas, donde había fraude de ley, pero no todas porque eso lleva a la ilegalización de dos partidos con una trayectoria democrática intachable».