El PP achaca a Chaves la gestión directa de uno de los ERE irregulares

El clima político en Andalucía se embarra cada día más. Mientras el PP andaluz denuncia que el expresidente regional y actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, al contrario de lo que mantuvo en el Congreso, se involucró en persona en la gestión de uno de los ERE con más irregularidades, y pide su dimisión «fulminante»; desde el PSOE se reclaman explicaciones sobre la mediación de Javier Arenas en el pago a la trama Gürtel de una deuda del PP gallego.

El secretario general de la formación, Antonio Sanz, y el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, desvelaron ayer en sendas ruedas de prensa la documentación que, a su juicio, demuestra que «Chaves promovió, organizó, dirigió y asistió a las reuniones para plantear» uno de los expedientes de regulación de empleo más fraudulentos y que está siendo investigado en los juzgados. En concreto, el de la empresa malagueña A Novo Comlink España S.L., que acumula siete ERE consecutivos valorados en más de 35 millones y con 183 prejubilaciones, de las que 42 presentan irregularidades, según los datos en poder del PP andaluz. Una de ellas sería la de un militante socialista que «tuvo que devolver el dinero».

Los dirigentes populares mostraron la carta en la que el presidente del comité de empresa de la entidad solicitaba a Chaves, a los entonces consejeros de Empleo, Antonio Fernández, y de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, y al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los principales implicados en la investigación judicial e imputado junto a Fernández, una reunión para abordar la situación de la empresa y estudiar la posibilidad de someterse a un expediente de regulación.

La reunión, según el PP, se celebró el 20 de mayo de 2005, y a ella asistió Chaves. Para corroborarlo aportaron un mensaje del entonces director del Gabinete de Análisis y Relaciones Institucionales del anterior presidente andaluz, Juan Gallo, en el que informaba que el jefe del Ejecutivo regional acudiría al encuentro y solicitaba nueva documentación sobre la empresa.

Diez días después, el director general de Trabajo recibió una nueva comunicación en la que se hacen referencias a la reunión y se subrayan los cálculos del ERE y el número de trabajadores que se acogerían al mismo.

«La X de los ERE ya está definida», afirmó Sanz en alusión a la aseveración del propio Chaves acerca de que la Justicia actuase con toda su fuerza si alguien había obrado mal o metido la mano en los ERE. Por eso, consideró que «a Chaves sólo le queda la dimisión fulminante o que lo cese de inmediato el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero». «O dimite hoy, o mañana obligado, pero no hay más salida que ésta», dijo tras ironizar sobre que «ya se sabe por qué Chaves salió corriendo de Andalucía».

En la misma línea, González Pons apuntó que «se ha agotado el tiempo» para que el expresidente autonómico ofrezca una explicación a los españoles, «ahora quien tiene que darla es Zapatero». Pons también pidió al presidente del Gobierno que destituya a su vicepresidente tercero «porque mancha el trabajo de los socialistas de toda España».

Gürtel

El PP, además, tomó la decisión de poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas la gestión de los ERE fraudulentos por parte de la Junta de Andalucía. La denuncia será presentada hoy por la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, y el secretario general del partido en Andalucía, Antonio Sanz. Esta iniciativa se suma a la investigación penal abierta por un juzgado de Sevilla a instancias del Gobierno andaluz.

Las acusaciones apenas han tenido eco en el PSOE de Andalucía, y se limitaron a pedir explicaciones al líder del PP regional, Javier Arenas, sobre las supuestas cartas que remitió uno de los implicados en el caso Gürtel, Alvaro Pérez 'El Bigotes', al propio Arenas, al presidente del PP, Mariano Rajoy, y el expresidente de la Xunta Manuel Fraga en las que pedía que mediaran para cobrar una deuda del PP gallego.