El PP denuncia que Viera firmó un ERE de Boliden en el que hay 'intrusos'

La portavoz regional del PP andaluz, Rosario Soto, hizo público ayer domingo un protocolo de actuación, firmado el 18 julio de 2002, para las prejubilaciones de los extrabajadores de la empresa Boliden Apirsa S.A. firmado por el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera y por responsables de CCOO-A y UGT-A, en representación de los trabajadores. Según dijo, dicho expediente de regulación de empleo (ERE) se realizó «con cargo al fondo de reptiles e incluye intrusos».

En rueda de prensa, Soto dijo que su formación tiene constancia de que existen intrusos, aunque no pudo precisar el número ni las personas beneficiadas irregularmente. «Por la información que nos llega al partido, donde hemos abierto un apartado de correos específico en relación con el asunto de las irregularidades en los ERE, sí existen intrusos en este ERE, aunque no aparecen en la investigación interna realizada por al Junta», añadió.

La dirigente 'popular' indicó que este convenio, cuya copia fue repartida a los medios de comunicación, demuestra que Viera está «directamente implicado» con la trama de los ERE «fraudulentos» y con el llamado «fondo de reptiles», pese a que éste haya asegurado en alguna ocasión «que no firmó ningún ERE ni decidía sobre la partida 31L», destinada a empresas en crisis.

En el citado acuerdo firmado por Viera se recoge que el colectivo de extrabajadores que suscribieran el Plan de Prejubilaciones, aportarían al mismo las cantidades que por concepto de indemnización, derivada de la extinción de su relación contractual con Boliden Aprisa S.L. les correspondiera. Así, según lo acordado, los trabajadores aportarían 17,4 millones de euros y la Junta 2,8 millones.

No obstante, también se recoge en el documento que con el fin de garantizar que los trabajadores acogidos al Plan de Prejubilaciones alcancen el 90 por ciento de salario neto, la Junta aportará la cantidad de 15,6 millones, que corresponden a su compromiso de aportación del 50 por ciento a los efectos del plan de prejubilaciones, según la cofinanciación acordada en una reunión celebrada el 28 de enero de 2002.

De otro lado, la portavoz regional de los 'populares' andaluces apuntó que el vicepresidente tercero del Gobierno y expresidente andaluz, Manuel Chaves, también está «implicado en la tramitación directa con cargo al fondo de reptiles». «Y todo se sabrá», apostilló.

Juzgados

Finalmente, consideró que son «muchas» las explicaciones que Chaves tendrá que ofrecer al respecto, y añadió que cada vez está «más cerca» el día en el que tanto Chaves como el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, tengan que «pasar por los juzgados». Y es que, a su juicio, la responsabilidad no termina en consejeros «ya implicados como Viera, Fernández o Aguayo».

Por su parte, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla sobre la posible trama de prejubilaciones fraudulentas incentivadas con fondos autonómicos, ha declarado a la Policía Judicial que «no pedía autorización» a sus superiores para sus «actuaciones», pero al tiempo ha señalado que «siempre informó -de su gestión- en el Consejo de Dirección» de la Consejería de Empleo, un órgano al que asistían «el consejero de turno, el viceconsejero, la secretaria general técnica y los propios directores generales».

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años para la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública.