«Habrá fallos pero eran 200 familias y había que darles una salida»

El drama por la pérdida de un puesto de trabajo es una situación que en la provincia de Cádiz ha estado presente siempre. No se trata de un mal recuerdo o una pesadilla, sino de un problema actual. A finales de los 90 le tocó a la plantilla de Fábrica de San Carlos, que quebró y dejó a sus empleados con el agua al cuello y sin ninguna tabla de salvación a la que agarrarse. Por tanto, todos a la calle y con poco más que un millón de las antiguas pesetas en los bolsillos, cuando ya a los empleados se les adeudaban meses de nóminas. Ni derechos, ni ayudas, no había dinero, ni siquiera paro, se lo habían comido entre regulaciones temporales de empleo por la falta de actividad.

Cuando el peor presagio estaba a punto de cumplirse, los empresarios llamaron a Francisco Sánchez Reyes, actual concejal socialista que por entonces era presidente del comité de empresa, para plantearle otra salida. De esta manera, se les entregaban a los trabajadores las acciones (haciéndose con las cargas y las deudas) y por tanto dueños de los terrenos, cuya venta serviría para restablecer los derechos laborales que les correspondían a los empleados.

«Era un proceso muy complejo y quizás no se ajustó a lo jurídico, pero había que darles una salida a las 200 familias. Nadie quería las acciones, querían el dinero y me nombraron administrador único». De la noche a la mañana se convirtió en empresario al menos a efecto de la ley, «porque yo no era empresario, era un trabajador», y Hacienda y la Seguridad Social le exigieron que se hiciera cargo de las deudas. Tras varias negociaciones y diferentes problemas, la solución llegó con la subasta de la maquinaria.

Entonces todos los grupos municipales, que conocían la situación, salieron al frente y con una recalificación del suelo y la conformación de una sociedad se compró a los trabajadores. «Con ello se pagó a cada trabajador su parte, es como si vendes una casa y repartes el dinero entre los hermanos». Lo que ocurre es que 20 personas, entre ellas Sánchez Reyes, entraban dentro de un ERE que en el caso del actual socialista no se pudo hacer efectivo por condiciones jurídicas, «ya que era empresario y tenían que liquidarse todos los terrenos de la Fábrica». Por entonces Javier Arenas era ministro de Trabajo y dio facilidades y ciertas ayudas, pero también conocía cómo estaba desarrollándose el proceso. «Repito que habrá deficiencias jurídicas, pero que se trataba de la única forma y estaba reconocido por todos los que tuvieron algo que ver con este tema», ya que en este caso a un empresario se le metía en un Expediente de Regulación de Empleo, pero la situación de Sánchez Reyes fue motivada por las circunstancias. Cuando todo fue liquidado Sánchez Reyes recibió lo mismo que el resto de sus compañero en este ERE: su parte de la venta de la empresa y lo que provenía del proceso de regulación. «Pero las cantidades distan mucho de lo que dice el PA pues en total por mis cuentas he recibido 117.709 euros y lo de los 188.000 euros está recogido en una póliza de seguro, pero yo no he visto un duro». Además recibió otros 23.888 euros, para pagar el convenio de la Seguridad Social.