Bildu alega el «rechazo a la violencia» de sus candidatos

En menos de 24 horas se conocerá si Bildu pasa el primer filtro legal para estar en las elecciones del 22 de mayo. El Tribunal Supremo tiene hasta la medianoche de hoy para pronunciarse sobre las impugnaciones presentadas por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado contra las 254 listas electorales que ha presentado la coalición formada por Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba (una escisión de Izquierda Unida) y de un grupo de independientes de la izquierda 'abertzale'. Ambos recursos tienen el común denominador de que Bildu es el 'plan B' de ETA.

La coalición apuró hasta el último momento de ayer para presentar su escrito de alegaciones. El plazo vencía las 12.00 horas y tan solo cinco minutos antes un representante de la coalición entregó en el Supremo un escrito de 123 folios. En ellos, niega que pretendan «convertirse en el «complemento y apoyo político a la acción violenta de ETA». Tambien enfatizan que todos los candidatos de Bildu firmaron un documento previo en el que mostraban «un inequívoco rechazo de la violencia y el terrorismo», una de las condiciones establecidas por la ley de partidos. También ponen el acento en que ninguno de sus candidatos «ha sido dirigente o miembro significado de Batasuna» y que los dos partidos que la integran han mostrado a lo largo de toda su trayectoria «un inequívoco rechazo de la violencia y el terrorismo, habiendo condenado reiteradamente los atentados de ETA y pedido su desaparición incondicional».

La Sala del 61 del Tribunal Supremo, que ya se mostró dividida -nueve votos contra siete- a la hora de impedir el registro de Sortu en el Ministerio del Interior, analizan desde ayer tanto las impugnaciones como las alegaciones de Bildu. La presencia en las deliberaciones del magistrado progresista Xavier O'Callaghan, que no participó por enfermedad en el fallo sobre Sortu, equilibra las fuerzas.

Bildu, mediante un comunicado, se quejó ayer de «indefensión» y denunció que el Supremo «hubiera adelantado sin previo aviso» la hora tope para alegar de las «cinco de la tarde a las doce del mediodía». La coalición insiste en que el proceso de alegaciones se ha guiado «por el mismo sinsentido que las acusaciones».

Todas las fuerzas políticas han puesto su foco de atención a la Sala del 61. Mientras desde el PP, Soraya Sáenz de Santamaría arengó al Gobierno para que «trabaje» para que ni «ETA ni cualquiera de sus disfraces» esté presente en los comicios, el consejero de Interior del Gobierno vasco, el socialista Rodolfo Ares, defendió que «todo el mundo en Euskadi sabe que EA o Alternatiba no están al servicio de ETA».