«Habrá fallos, pero eran unas 200 familias y había que darles una salida»

El drama por la pérdida de un puesto de trabajo es una situación que en la provincia de Cádiz ha estado presente siempre. No se trata de un mal recuerdo o una pesadilla, sino de un problema actual. A finales de los 90 le tocó a la plantilla de Fábrica de San Carlos, que quebró y dejó a sus empleados con el agua al cuello y sin ninguna tabla de salvación a la que agarrarse. Por tanto, todos a la calle y con poco más que un millón de las antiguas pesetas en los bolsillos, cuando ya a los empleados se les adeudaban meses de nóminas. Ni derechos, ni ayudas, no había dinero, ni siquiera paro, se lo habían comido entre regulaciones temporales de empleo.

Cuando el peor presagio estaba a punto de cumplirse, los empresarios llamaron a Francisco Sánchez Reyes, actual concejal socialista que por entonces era presidente del comité de empresa, para plantearle otra salida. De esta manera, se les entregaban a los trabajadores las acciones (haciéndose con las cargas y las deudas) y por tanto dueños de los terrenos, cuya venta serviría para restablecer los derechos laborales de los empleados.

«Era un proceso muy complejo y quizás no se ajustó a lo jurídico, pero había que darles una salida a las 200 familias. Nadie quería las acciones, querían el dinero y me nombraron administrador único». De la noche a la mañana se convirtió en empresario, al menos a efectos de la ley, «porque yo no era empresario, era un trabajador», y Hacienda y la Seguridad Social le exigieron que se hiciera cargo de las deudas. Tras varias negociaciones y diferentes problemas, la solución llegó con la subasta de la maquinaria.

Entonces todos los grupos municipales salieron al frente y con una recalificación del suelo y la conformación de una sociedad se compró a los trabajadores. «Con ello se pagó a cada trabajador su parte, es como si vendes una casa y repartes el dinero entre los hermanos». Lo que ocurre es que 20 personas, entre ellas Sánchez, entraban dentro de un ERE que en el caso del socialista no se pudo hacer efectivo por condiciones jurídicas, «ya que era empresario y tenían que liquidarse todos los terrenos de la fábrica».