La plantilla de la Agencia del Agua critica el cese del jefe de Infraestructuras

Los empleados públicos de la Agencia Andaluza del Agua en Jerez difundieron ayer un comunicado en el que criticaron el cese del jefe de servicio de Infraestructuras de la Agencia Andaluza del Agua en la provincia de Cádiz, cargo que compaginaba con el de Director de Explotación del Sistema Guadalete.

La plantilla responsabiliza directamente de esta decisión no solo a la delegada de Medio Ambiente, Silvia López, sino también al gerente provincial de la Agencia, Federico Fernández. Y en su comunicado critican que «los motivos que la delegada ha aludido para su cese no son la experiencia o profesionalidad de este funcionario, que dice le merecen todos sus respetos, sino porque 'no hace lo que yo quiero'», según dicen que manifestó los asistentes a la reunión mantenida el pasado martes con el personal de la Agencia Andaluza del Agua afectos al Servicio de Infraestructuras en Jerez para comunicarles los motivos de dicho cese.

En la misma reunión, y siempre según las mismas fuentes, la delegada y el gerente reconocieron que «aún no han encontrado a una persona que pueda sustituir a este profesional, lo que constituye una grave irresponsabilidad política en un momento en que los embalses de la provincia se encuentran por encima del 90% de su capacidad y cuando se esperan lluvias intensas el fin de semana próximo».

Los empleados reprochan que el funcionario cesado no está de acuerdo con la ley de reordenación del sector público y con que las competencias de la Agencia del Agua pasen a la nueva Agencia Pública de régimen empresarial recientemente creada y que sustituirá a Egmasa.

Por eso, consideran que este cese «viene a suponer uno más de los numerosos casos que se vienen produciendo en la Junta en los últimos años, desprofesionalizando la administración y nombrando a dedo a personas sin experiencia pero afines al partido gobernante, relegando a muchos trabajadores con capacidad, profesionalidad y experiencia que llevan muchos años desempeñando su trabajo y que observan sorprendidos cómo se les despoja de sus funciones para dárselas al entramado de empresas públicas, consorcios y fundaciones que ha creado el gobierno a lo largo de 30 años y que ha consagrado con su ley del enchufismo».

«Ésta es una más de la escalada de despropósitos que la Junta está cometiendo con los empleados públicos: nombran cargos políticos directivos a personas que no solo no tienen experiencia y conocimientos para dirigir y desempeñar los puestos que ocupan sino que desconocen los procedimientos fundamentales en un estado de derecho, intentando eludirlos». «Así ponen en peligro los recursos y medios de todos los andaluces», finalizan.