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Interior advierte de que el corte de agua es ilegal al tratarse la cárcel de un servicio público. :: M.G.
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Apemsa mantiene su amenaza de corte de agua a las dos prisiones

La empresa pública aún no ha recibido el ingreso de 174.026 euros que ha efectuado Interior para paliar parte de la deuda

LOLA RODRÍGUEZ
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La Dirección General de Instituciones Penitenciarias libró el miércoles una partida de 174.026 euros destinada a pagar parte de la deuda que las prisiones Puerto I y Puerto II mantienen con la empresa municipal del agua, Apemsa, por el impago de las facturas desde marzo de 2010. Desde el ente aseguran que no han recibido aún ingreso alguno ni tampoco un comunicado oficial de reconocimiento de la deuda. Sostienen que han tenido conocimiento de estas informaciones a través de los medios de comunicación. Por tanto, mantienen su previsión de realizar cortes parciales de suministro en el caso de no recibir dinero en los próximos días.

Según fuentes de la Secretaría General, la deuda por el suministro de agua de las dos cárceles, que controla un contador conjunto, asciende a 224.057 euros y la cantidad asignada servirá para pagar las facturas correspondientes a los meses comprendidos entre marzo y septiembre. Por tanto, según las mismas fuentes, de las más antiguas, sólo restarían las de octubre y noviembre por saldar, ya que la de diciembre y posteriores ya corresponden al ejercicio presupuestario de 2011.

De este modo, Instituciones Penitenciarias ha hecho un reconocimiento formal de la deuda y pagará el «grueso» de la misma. Una versión que se contrapone a las informaciones proporcionadas por Apemsa, que cifra la deuda de Puerto I, II y III en unos 500.000 euros. Desde la empresa municipal piden además que Interior liquide la totalidad de los recibos, «como hacen el resto de abonados», y no solo una parte.

La reacción de la administración central se produjo después de que el consejo de administración de Apemsa barajara cortar el suministro, tanto a las prisiones Puerto I y Puerto II, como al centenar de funcionarios que residen con sus familias en las viviendas integradas en el centro penitenciario, pese a que a éstos se les ha seguido descontando de sus salarios el consumo individual de agua.

En esta coyuntura, el diputado del Congreso y miembro histórico del PP portuense, Aurelio Sánchez, anunció que presentará una pregunta a la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, para que de explicaciones en la cámara alta sobre este impago.

El conflicto, al Congreso

«No nos vale que digan que se trata de un servicio de primera necesidad. No puede ser que los portuenses paguen por esta mala gestión y que se ponga en peligro la contabilidad de la empresa». De hecho, el propio consejero delegado de Apemsa reconoció que de no recibir dinero del Ministerio de Interior -que es su principal cliente- pasarían serios apuros para pagar las nóminas de sus empleados hasta el punto de verse obligados a pedir un crédito bancario para ello.