Las empresas con beneficios que prejubilen a sus empleados tendrán que pagar al Estado

El Gobierno quiere limitar el uso de la herramienta, tantas veces utilizada por las empresas, de la prejubilación. Las grandes compañías -con más de 500 trabajadores- que realicen «despidos colectivos» y «que incluyan a trabajadores de 50 o más años» deberán efectuar «una aportación económica» al Tesoro Público para compensar el impacto que ello supone al erario público. Así consta en una de las enmiendas que presentará el grupo parlamentario socialista al proyecto de ley de reforma de las políticas activas de empleo durante su próximo trámite parlamentario.

La aportación económica, según el texto de la enmienda, se calculará teniendo en cuenta el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores afectados por el ERE que hayan superado la cincuentena, «incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo», el antiguo Inem. Esta contribución a las arcas del Estado se destinará, de forma total o parcial, a la financiación de las políticas activas de empleo de los trabajadores más veteranos.

En el caso de que se apruebe la enmienda presentada por el PSOE, a las compañías que hubieran tenido beneficios -con un balance presupuestario positivo- en los dos ejercicios económicos anteriores a la presentación del ERE no les bastará con justificar esta decisión por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. En cualquiera de los casos estarán obligados a realizar una aportación económica al Tesoro Público.

La aportación se fijará según una escala que estará en función del número total de empleados de la compañía, de la cantidad de afectados por esta medida mayores de 50 años y de los beneficios que registre la empresa. Eso sí, estarán exentas de esta medida las compañías que en el plazo de tres meses recoloquen en la misma empresa o en cualquiera del grupo a empleados que superen la cincuentena y que se hayan visto afectados por otro ERE.

Razonable y equitativa

«Se trata de que aquellas empresas con pérdidas puedan hacer ajustes de plantilla con la ayuda del sistema de protección por desempleo, pero que aquellas con beneficios no externalicen esos costes al conjunto a la sociedad», explicó ayer Valeriano Gómez, ministro de Trabajo. Consideró que esta medida es «razonable, equitativa y justa», pero garantizó que no afectará a los derechos de los trabajadores. Aseguró que la enmienda recoge una «vieja idea» para que las empresas «no externalicen» sus costes al resto de la sociedad.

Con esta medida, que el Gobierno prevé aprobar antes del verano -ya que se tratará de tramitar por procedimiento de urgencia-, todas las grandes empresas (incluidos bancos y cajas de ahorros) se verán afectados.

Una de ellas será Telefónica, que anunció la pasada semana que despedirá a más de 6.000 de sus empleados (el 20% de su plantilla) en los próximos años. Entonces, Valeriano Gómez avisó que el Gobierno «se opondrá a este expediente de regulación de empleo (ERE) tal y como está concebido». El titular de Trabajo ya adelantó que el Ejecutivo acometería un cambio legislativo para tratar de limitar este tipo de prácticas.

Gómez explicó que en el caso de aquellas empresas con «suficiente tamaño», que tengan unos amplios beneficios y que decidan ejecutar un ERE con despidos, tendrán que asumir el paro de los trabajadores con mayor antigüedad para contribuir a que el gasto de las arcas públicas disminuya. En el texto final, todas las propuestas del ministro no han quedado recogidas en la propuesta socialista.

En el documento, el PSOE considera que la normativa vigente puede «resultar adecuada» en materia de prejubilaciones para que las empresas accedan a la flexibilidad que requieren en una economía «cada vez más abierta». Sin embargo, estos procesos pueden producir impactos sociales y económicos no deseados, como la expulsión prematura e injusta del mercado de trabajo de los trabajadores de más edad.