Los directivos de las cajas no podrán ganar más que el presidente de la Junta

Ningún directivo de las cajas de ahorro andaluzas podrá percibir salarios o dietas superiores al sueldo del presidente de la Junta de Andalucía, fijado tras el recorte a los funcionarios y cargos públicos en 68.891 euros brutos al año, y sus órganos de gobierno deberán ser paritarios acorde con la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía (ninguno cumple con ella). Estas son algunas de las novedades que incluye el decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Gobierno para adaptar la Ley de Cajas autonómica a la estatal, modificada a su vez por un real decreto que entró en vigor en noviembre del pasado año.

Esta modificación, pactada entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, tenía el objetivo de favorecer la capitalización de las entidades y la profesionalización de su gestión para mejorar su solvencia frente a la crisis. En pro de ello, la normativa estatal fijaba un descenso de representantes políticos en las entidades con derecho a voto hasta situarlo en menos del 40%, establecía que cargos públicos y electos deberán desaparecer en un plazo de tres años de los órganos de gobierno y que el 50% de los puestos en estos deberán ser ocupados por profesionales de contrastada experiencia financiera.

Hasta ahora diez comunidades autónomicas han adaptado sus normas a la estatal, entre ellas Cataluña, Castilla-León y Valencia. La Junta de Andalucía, lo mismo que otras siete, ha apurado el plazo, que expira a final de este mes. La reforma se aprueba tras un año de grandes cambios en el sistema financiero andaluz, con la pérdida de CajaSur como novedad principal y la participación de las restantes -Unicaja, Cajasol, Caja de Granada- en SIP (Sistemas Institucionales de Protección) o fusiones frías, cada una con entidades foráneas. Caja de Jaén se fusionó con Unicaja.

Cambios

Estos cambios han sido tenidos en cuenta por el decreto que, por ejemplo, excluye del texto andaluz la referencia a la Iglesia Católica como fundadora al desaparecer CajaSur. El consejero de Economía e Innovación, Antonio Ávila, subrayó que el nuevo decreto persigue fortalecer este sistema financiero andaluz «en crecimiento» para que el crédito «fluya a las empresas» y ayude a las familias.

Ávila admitió que aunque el texto se ajusta al espíritu de la ley estatal en la despolitización de las cajas, la Junta mantiene el control político en los procesos de fusión y disolución, la limitación salarial de los directivos y en garantizar la obra social. De esta forma, la Consejería de Economía deberá autorizar los SIP o fusiones frías y el ejercicio indirecto de la actividad financiera de las cajas a través de entidades bancarias. Mientras que la transformación de las cajas en fundaciones de carácter especial que gestionan la obra social deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno.

Estos tres modelos organizativos deberán acordarse por una mayoría reforzada de dos tercios en la asamblea general de la entidad. El consejero señaló que los SIP y bancos foráneos deberán reinvertir en obra social en Andalucía en proporción con los recursos y depósitos captados.

La Junta y las corporaciones locales verán disminuida su representación un 10%, porcentaje que irá a engrosar la participación de organizaciones de sindicatos, empresarios, economía social y consumidores, entre otras. Impositores, empleados y fundadores de las cajas mantienen la misma.

El decreto ley entrará en vigor en cuanto se publique en el BOJA, pero el consejero de Economía anunció que la norma será tramitada como ley en el Parlamento. Pese a ello, tanto el PP como los sindicatos CC OO y UGT han criticado que el Gobierno haya aprobado el anunciado decreto sin consenso previo. Para el líder del PP-A, Javier Arenas, que acusó al PSOE andaluz de ser más sectario que el nacional,«es imposible que haya estabilidad en las cajas, en su presente y futuro, si las leyes que las regulan no vienen del consenso», según recoge Efe.

Ávila contestó que el PP «miente» cuando dice que la reforma se ha hecho a sus espaldas porque el pasado 11 de abril se reunió con Antonio Sanz para darle a conocer el borrador del decreto, al que IU también tuvo acceso. También recordó que en dos ocasiones pidió en el Parlamento propuestas a la oposición. «No hemos recibido ni una sola sugerencia, por lo que mis peticiones cayeron en saco roto», apostilló.