El PP llevará esta semana los ERE irregulares al Tribunal de Cuentas

El presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció ayer domingo que su partido va a llevar este jueves al Tribunal de Cuentas el caso de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) de empresas de Andalucía para saber «todo» lo que ha ocurrido «por mucho que se obstaculice a la juez del caso».

En un acto en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, Arenas manifestó que se sabrá «toda la verdad con el gobierno del cambio», puesto que, a su juicio, «muchos de los escándalos en Andalucía están vinculados a los fondos de los trabajadores y parados».

En este sentido, recordó que están en cuestión «los destinos de los fondos de formación al empleo o los ERE, donde se han usado fondos de los parados para dar subvenciones a compromisos socialistas y sus amigos». De hecho, destacó, «ya se han detectado 3.790 fraudes en ayudas a la contratación».

Asimismo, el popular criticó que la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe) tenga «más personal -unos 1.600 trabajadores-» que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que demuestra, a su juicio, que es «la administración paralela más politizada con mucha diferencia y con un esquema más sectario». Ante ello, reclamó Arenas, «hay que hacer una auditoria a fondo para saber qué está pasando en la Faffe».

No en vano, considera que en la Consejería de Empleo de la Junta «no hay nada sano y está completamente podrida», puesto que «han montado una administración paralela al margen de la Junta para dar más agilidad», que, según ironizó Arenas, «significa no respetar ni convocar concursos públicos».

De igual modo, reprochó que la Administración haya aprobado decretos de reordenación del sector público, «donde confunden lo público con lo privado y los funcionarios con los que no lo son». Un hecho que, recordó el popular, «ha llevado a miles de funcionarios a la calle para protestar» y que el PP-A elevará en la segunda semana del mes de mayo al Tribunal Constitucional (TC) con «un nuevo recurso frente a los decretos de reordenación que son una agresión a la función pública en Andalucía».

Por otra parte, el Partido Popular baraja solicitar en el Senado la apertura de una comisión que investigue el caso del pago de ERE falsos en Andalucía porque parte de los fondos públicos con que se financiaron procedían del Estado y de la Unión Europea.