«No podemos pagar los despidos con subvenciones»

Al otro lado del teléfono no hay un responsable de comunicación, nadie que asuma habitualmente la función de intermediación entre la prensa y la dirección de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Posiblemente tal figura desapareció en alguno de los dos expedientes de regulación de empleo que han lastrado la actuación de esta ONG fundamentada en el derecho de asilo.

Entre 2009 y 2010 la pérdida de subvenciones estatales y la reducción de las aportaciones locales provocaron un cataclismo en su estructura interna.

Una pérdida de ingresos de más de cuatro millones de euros provocó la rescisión de 50 de sus 275 puestos de trabajo, casi el 20% de su plantilla. «La situación se ha complicado porque las indemnizaciones laborales no se pueden pagar con las subvenciones. Tenemos que asumir el déficit y mantener la financiación de programas», explica Alfredo Abad, secretario general.

Por si fuera poco, casi ningún ingreso llega por adelantado y el pago aplazado ha de ser cubierto con créditos «en un contexto poco propicio para obtenerlos», añade Abad. A nivel interno, el nuevo escenario exige priorizar actividades, aunque resulta inevitable sobrecargar a una reducida plantilla cuando las necesidades de los beneficiarios no se han reducido, sino todo lo contrario.

La continuidad de CEAR no se encuentra en entredicho, aunque todavía no se ha resuelto el capítulo de las indemnizaciones. Abad lamenta que la Administración suprima partidas relacionadas con colectivos especialmente vulnerables. «Es un error porque las ayudas a la integración no son rentables electoralmente pero previenen contra problemas como el desempleo y la xenofobia».