Guerra y Derecho en Libia

Con frecuencia se suele oír, sobre todo en ambientes periodísticos, que la primera víctima de una guerra es la verdad. Hace referencia esa frase al hecho, mas cierto que falso que pone en evidencia que los servicios de inteligencia e información de las partes beligerantes tratan de presentar la realidad a su propia conveniencia y para los fines de la guerra. No resulta sorprendente dicha conducta, porque una vez iniciadas las hostilidades, todos los esfuerzos para alcanzar la victoria son pocos. La vida, nunca mejor dicho, va en ello.

Sin embargo, discrepo de la mayor. En mi opinión, la primera víctima de una guerra no es la verdad, sino el Derecho. Por muy legal y muy legítima que sea una guerra, por mucho que cuente con todas las aprobaciones jurídicas y, en su caso, morales, toda guerra tiene como precedente, o ella misma constituye, una violación del Derecho, al menos, por una de las partes. El llamado 'ius ad bellum' es la legítima respuesta a una violación del Derecho por parte del adversario, convertido así en enemigo. Esa inicial violación del Derecho, no se consuma con la ruptura de las hostilidades, sino que puede tener su continuación con el desarrollo de las mismas, bien porque no se restaure la inicial legalidad, bien porque se violen también las leyes de la guerra: el llamado 'ius in bello'. Sea como fuere toda guerra es un fracaso del Derecho.

Las acciones militares contra el régimen de Muammar Al-Ga-ddafi, tienen su origen no solo en su despótico régimen político, sino en los más que posibles «crímenes contra la Humanidad», cometidos por Al-Gaddafi en la represión contra sus propios ciudadanos. En este caso, parece obvio que se cumple la regla expuesta sobre la primera víctima de la guerra: el Derecho.

La resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exige que se establezca de inmediato el cese del fuego, y se ponga fin completamente a la violencia y a todos los ataques y abusos contra civiles, y autorizó a adoptar todas las medidas necesarias (...) para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque, excluyendo expresamente la posibilidad del uso de una fuerza de ocupación extranjera, estableciendo una prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo de Libia a fin de ayudar a proteger a los civiles, y autorizando a inspeccionar, en su territorio o en alta mar, los buques y aeronaves con destino u origen a Libia que pudieran ser sospechosos de contener artículos prohibidos en virtud del embargo de armas existente.

Es decir, la ONU por un lado, exige el cese inmediato del fuego y el fin de la violencia y ataques contra los civiles, y por otro, autoriza el establecimiento de una zona de exclusión aérea, así como las medidas para hacer cumplir el embargo de armas.

Parece evidente que el régimen de Al-Gaddafi incumple dolosa y continuadamente la resolución 1973, al seguir atacando a civiles, por lo que el Derecho sigue siendo violado por el régimen libio después del inicio de las hostilidades. De la misma manera los rebeldes, al no acatar el cese el fuego decretado por la ONU, se están poniendo al margen del Derecho, salvo que su conducta sea debida a legítima defensa. Y la coalición internacional, ¿cumple la resolución 1973? La fuerza multinacional bajo la dirección de la OTAN ¿limita su actuación a las medidas autorizadas por la ONU, o se excede de las mismas?

Tengo mis dudas que la coalición internacional esté limitando su acción a la resolución 1973. Resulta dudoso que para imponer la zona de exclusión aérea haya sido necesaria la destrucción preventiva y masiva de la Fuerza Aérea Libia, incluyendo aviones en tierra o aterrizando, así como la de su Artillería Antiaérea y sus centros de mando y transmisiones. Mas dudas aun suscitan las acciones llevadas a cabo contra las unidades acorazadas de la Fuerza Terrestre Libia. No hay que ser un experto en nada para darse cuenta que todas estas acciones tienen una indisimulada intención de ayudar a los rebeldes, que en tanto fuerza organizada, fuertemente armada y con una, aunque incipiente, cadena de mando, se han constituido de hecho en parte beligerante, y por ello, ya no se encuentran amparados por la protección que el derecho internacional otorga a los civiles.

Así las cosas, cobra cuerpo la denuncia formulada por la Liga Árabe al decir que «lo que está ocurriendo en Libia difiere del objetivo de imponer una zona de exclusión aérea», viniendo a confirmarla el hecho conocido días atrás que Obama firmó una orden secreta que autoriza el desarrollo de operaciones encubiertas en Libia. El almirante Mullen, Jefe del Estado Mayor Conjunto, reconoció que EE UU está estudiando proporcionar armas a los rebeldes, pero dejó entrever que preferiría dejar ese trabajo a otros: «Nosotros no somos los únicos que sabemos hacerlo; hay bastantes otros países que tienen esa capacidad, las armas y la destreza».

No tengo el mas mínimo reparo en admitir que el derrocamiento de Muammar Al-Gaddafi es un bien en sí mismo, y por eso, no tengo dudas morales sobre la bondad de las acciones necesarias para expulsarlo del poder, sin embargo, desgraciadamente estamos constatando que dichas acciones, militares y políticas, no se están llevando a cabo con el rigor que exige el Derecho internacional. Una vez más, el Derecho es víctima de la guerra.