El Poder Judicial apunta a que no hay irregularidad en la liberación de Troitiño
El PP critica a Rubalcaba por la huida y el PSOE dice que actuó igual que Rajoy cuando escapó 'Josu Ternera'
MADRID.Actualizado:La excarcelación y posterior huida del etarra Antonio Troitiño ha generado una importante alarma social, pero los jueces de la Audiencia Nacional que con sus decisiones permitieron que saliese de la cárcel no tienen por qué haber incurrido en irregularidad disciplinaria alguna. Esa es la conclusión que se desprende de la valoración de urgencia realizada ayer por la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo.
Bravo señaló en la SER que el consejo no ha abierto investigación sobre estos hechos porque todavía no ha recibido denuncia o queja oficial alguna. Anticipó, no obstante, que, de iniciarse las diligencias internas, deberá actuarse «con prudencia» porque, a primera vista, el comportamiento de los magistrados tiene «cierta apariencia jurisdiccional». Es decir, los miembros de la Sala de lo Penal habrían actuado desde su independencia y en el ámbito de la mera aplicación de la ley, un comportamiento ajeno al plano disciplinario y, por lo tanto, fuera de la competencia del CGPJ. El control de las decisiones jurisdiccionales lo realizan los órganos superiores, a través de los recursos, o los tribunales si los jueces son denunciados por la comisión de infracciones o delitos.
La portavoz del máximo órgano de gobierno de los jueces contestó de esta manera al comunicado en el que el PP exigía al CGPJ la apertura inmediata de una investigación para determinar por qué la Audiencia Nacional -«en una decisión errónea» que días después rectificó- excarceló a Troitiño y por qué no ordenó a la policía vigilar al etarra tras pedir la Fiscalía el retorno a prisión del terrorista, que días después terminó por aceptar. Los populares creen que «las contracciones internas» del tribunal central, la «demora» en dictar la resolución adecuada y el no ordenar la vigilancia preventiva del etarra fue lo que permitió su fuga.
El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, exigió al CGPJ que «depure responsabilidades» entre los magistrados de la Audiencia Nacional si se confirma que los hechos son sancionables. Trillo, sin embargo, contra el único magistrado que dirige sus acusaciones es contra el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, pero no cita en las dos hojas de su comunicado a Alfonso Guevara, el presidente de la Sección Tercera, que es el tribunal que tomó todas las decisiones -excarcelación, revocación y orden de busca y captura- sobre Troitiño.
Tormenta política
Aunque Bravo no tiene noticia de queja alguna, Manos Limpias, colectivo dirigido por un conocido ultraderechista, comunicó el miércoles que había denunciado ante el CGPJ al juez Alfonso Guevara por una negligencia o imprudencia grave que habría motivado la excarcelación del terrorista. Manos Limpias cree que es sancionable que Guevara dictase la excarcelación sin pedir antes informe a la Fiscalía, que se habría opuesto.
El 'caso Troitiño', además de una polémica judicial, ha desatado otra tormenta política que vuelve a colocar en el centro del debate partidario la lucha contra el terrorismo. De hecho, Trillo aprovechó el mismo comunicado de denuncia al CGPJ para «desautorizar» al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que el viernes dijo que el Gobierno no podía vigilar a Troitiño en los días que pasaron entre su excarcelación y la orden de reingreso en prisión para evitar una posible fuga porque era un ciudadano libre y, como tal, no puede ser controlado sin orden de un juez. El PP cree que el vicepresidente primero «oculta la verdad» porque una vez que la Fiscalía recurrió la excarcelación, y mientras la sala tomaba una decisión, podía haber «procedido a su seguimiento e incluso a la detención preventiva».
La respuesta socialista llegó de la mano del diputado del PSOE, Pedro Sánchez, quien acusó a Trillo de «cinismo político grave». Explicó que el PP critica por incorrecta una decisión de Rubalcaba idéntica a la que tomó el Gobierno de José María Aznar cuando, en noviembre de 2002, el entonces parlamentario vasco José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', huyó de España y se reintegró en ETA para evitar la detención inminente que contra él iba a dictar el Tribunal Supremo, como paso previo a su procesamiento por ordenar en 1987 la matanza en la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, en la que murieron diez personas.
Sánchez recordó que el actual líder popular y entonces vicepresidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, justificó el no haber controlado a 'Josu Ternera' pese a la evidencia de una fuga porque «no se puede vigilar a persona alguna si no es con autorización judicial, so pena de cometer una actividad delictiva», a lo que añadió que su Gobierno había actuado con «absoluta diligencia». Los socialistas no encuentran más explicación a esta doble vara de medir que un intento popular de «enfangar la vida pública» para «conseguir rédito electoral» y pidieron a sus oponentes que mediten sobre que «no todo vale para atacar al Ejecutivo». Quien más lejos llegó en sus acusaciones a Rubalcaba fue el popular vasco Leopoldo Barrera, que entre el «récord de fugas» de etarras que atribuyó al ministro citó la de 'Josu Ternera'.