El PP llevará en mayo al Constitucional la reforma de las empresas públicas

El PP presentará en mayo un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reordenación del sector público empresarial andaluz, según la portavoz regional de este partido, Rosario Soto, quien denunció ayer que la Junta trata de «huir de la legalidad, los controles y la transparencia».

En rueda de prensa, Rosario Soto anuncio ayer que los servicios jurídicos de su partido están ultimando el recurso contra la Ley de Reordenación del Sector Público Empresarial, sobre la que ya presentó un recurso similar contra el decreto aprobado por el Gobierno andaluz en julio del pasado año.

El anuncio se produce después de que el Consejo de Gobierno aprobara el pasado marteslos estatutos de las ocho agencias instrumentales que fusionan una decena de entes y empresas, por la que se suprimirán 114 entes autonómicos y 166 cargos directivos, y conllevará un ahorro anual de 3 millones de euros en el capítulo salarial.

Esta medida «ahonda», en opinión de Soto, en la actitud de la Junta de «huir de la legalidad, del control y de la transparencia» del sector público empresarial, según la portavoz popular, quien ha advertido al presidente de la Junta, José antonio Griñán, de que «no cierra» la reforma del sector público empresarial «ni mucho menos».

La dirigente del PP lamentó que la reforma del sector público empresarial andaluz se haya terminado haciendo «por la puerta de atrás», y ha recordado que el primer decreto se aprobó durante las vacaciones de verano -el 27 de julio- y la aprobación de los estatutos de las agencias lo haya hecho en plena Semana Santa.

«El Gobierno socialista persiste en el error. Esta reordenación nace con un recurso bajo el brazo», en opinión de Soto, quien ha advertido también de que se trata de un asunto que «nació sin consenso, sin austeridad y con un ahorro mínimo», y ha añadido que con la aprobación de los estatutos «sigue siendo así».

Llamó la atención sobre las «contradicciones» que hay entre los datos aportados el pasado martes por la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, y la titular de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, respecto al ahorro y la reducción de altos cargos a raíz de la reordenación del sector público empresarial.

Concretamente, explicó que Moreno habló ayer de un ahorro de tres millones de euros anuales, mientras que Martínez Aguayo cifró el mismo en 108 millones de euros en tres años, al tiempo que la consejera de la Presidencia se refirió a los 162 altos cargos menos cuando la titular de Hacienda habló en su momento de 182. «Al parecer (José Antonio) Griñán ha debido tener algún problema interno y se ha dejado 16 altos cargos por el camino», ha subrayado la portavoz del PP-A, quien ha señalado que para su partido resulta «ridículo» tanto el ahorro previsto como la reducción de altos cargos a cuenta de esta reordenación.

El PP considera que la Junta insiste en «los mismos errores» que cuando aprobó el decreto y censuró que se haya realizado sin consenso, que se haya vulnerado el estatuto básico del empleado público, así como el derecho básico de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, según Soto

Por otra parte, en relación a la polémica investigación judicial de sobre los ERE, Soto se preguntó sobre al servicio de quién está la Fiscalía Anticorrupción ante el hecho de que en los tres años de investigación del caso de irregularidades en expedientes de regulación de empleo ( ERE ), que se inició con Mercasevilla, «tan sólo haya intervenido en dos ocasiones: para recusar a la juez y para recurrir sus autos».

A su juicio, día tras día es más «patente la obstrucción» de la Junta y el PSOE a la justicia y que quieren «esconder la verdad respecto a este caso de corrupción». Según Soto, Junta y PSOE están haciendo el «ridículo» porque al final se va a saber «hasta la última coma, absolutamente todo».