El cierre de la empresa pública Deavisa reaviva el enfrentamiento entre PA y PSOE

Nueva refriega política entre el Partido Socialista y el Partido Andalucista. La inminente liquidación de la empresa pública Deavisa, propiedad del Ayuntamiento de Villamartín, ha generado la controversia entre los dos partidos que, en principio, parten como mejor posicionados para disputarse la Alcaldía de la localidad serrana en poco más de un mes.

Desde el PA aseguran que, tal y como venían denunciando desde hace tiempo, esta empresa ha servido solo para consumir recursos del Ayuntamiento «sin que nunca se haya hecho nada», destaca el alcaldable Juan Luis Morales. Recuerdan que la empresa fue creada por el alcalde, José Luis Calvillo (PSOE), para gestionar el ciclo integral del agua, cosa que nunca llegó a hacer porque se lo cedió a la empresa Aguas Sierra de Cádiz, de la Mancomunidad de Municipios.

Los andalucistas recuerdan que a Deavisa se le encargaron varias obras y, después de que se gastara el dinero y no se iniciaran las obras, el Ayuntamiento tuvo que recuperar las mismas para ejecutarlas. Además, también se le cedieron tres valiosos inmuebles, sacados del dominio público, como la antigua caseta municipal, el antiguo edificio de Correos y el antiguo cuartel de la Guardia Civil que «esperamos que vuelvan a la propiedad del Ayuntamiento», destacó Morales.

El teniente de alcalde, Juan Carrero, ha defendido que el Ayuntamiento «siempre ha tenido transparencia en las cuentas y con los ciudadanos». Al respecto explicó que desde que la empresa se formalizara en 2005, se han producido ingresos importantes, entre ellos uno del propio ayuntamiento (61.000 euros); de la empresa Qlife (325.000 euros), y de la empresa promotora del Centro Logístico (100.000 euros).

Durante estos años asegura que se han realizado también importantes inversiones, como la construcción de los Huertos de Ocio o la contratación de un equipo de arquitectos para la adaptación de las normas subsidiarias del Plan Parcial, además del pago de las nóminas, la Seguridad Social, publicaciones, etc.

Carrero ha explicado que la decisión se ha tomado en los últimos consejos de administración, «a los que ni siquiera se han presentado miembros del PA y el PP, que luego lanzan rumores a la ciudadanía sin sentido». En estos momentos, la empresa tiene una deuda de 16.000 euros, y anunció que una vez que se produzca la disolución legal, todos los detalles de cuentas y acciones se harán públicos.