El Poder Judicial suspende a Garzón por segunda vez

Baltasar Garzón dejó ayer de ser 'juez en activo' por segunda vez en menos de un año. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por unanimidad decretar la suspensión cautelar del exmagistrado de la Audiencia Nacional, después de que el pasado 11 de abril el Tribunal Supremo decidiera sentarle en el banquillo por ordenar las escuchas en prisión a los implicados de la trama 'Gürtel' y a sus abogados.

El acuerdo de los cuatro vocales del órgano disciplinario (Félix Azón, Antonio Dorado, Manuel Almenar y Almudena Lastra) será ratificado por el pleno del Consejo en la primera sesión que se celebre, previsiblemente el próximo 28 de abril. La confirmación, sin embargo, no tendrá efectos prácticos, puesto que Garzón ya está suspendido de manera preventiva como instructor de la Audiencia Nacional desde el 14 de mayo de 2010, cuando el Supremo abrió juicio oral contra él por prevaricación al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

A la sesión de la disciplinaria de ayer no asistió el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, que fue sustituido por Fernando de Rosa, su vicepresidente. No obstante, De Rosa y otra de las vocales, Margarita Robles, se abstuvieron, como han hecho en todos los asuntos que se refieren a Garzón. Fernando de Rosa, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, fue recusado por Garzón por su amistad manifiesta con el presidente valenciano e imputado en el 'caso Gürtel', Francisco Camps. En cuanto a Margarita Robles, examiga de Garzón, este la recusó por su enemistad manifiesta, tras el breve paso del juez por la política en la que coincidieron, ella como subsecretaria de Justicia y él como delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

La Comisión Disciplinaria tomó el acuerdo de suspender a Garzón en tanto en cuanto no haya sentencia firme tras examinar el informe del Ministerio Público y del propio imputado. El pasado 14 de abril, la Fiscalía del Supremo, que no acusa al juez en ninguna de las tres causas por las que está investigado (franquismo, 'Gürtel' y cursos de Nueva York ), sí apoyó sin embargo la decisión de apartar al juez de la carrera «para evitar que se produzcan daños al normal funcionamiento de la Administración de Justicia o se ponga en peligro la confianza que los ciudadanos deben tener en la Justicia».

Prevaricación

Alberto Jorge Barreiro, el magistrado del Supremo que instruye la causa contra el juez por ordenar la grabación de las conversaciones en prisión, acusa a Garzón de prevaricación y violación de los derechos fundamentales de los imputados presos, ya que el magistrado autorizó, sin tener indicios de que los letrados estuvieran cometiendo algún delito, que se pincharan conversaciones entre procesados y abogados. Aquellas escuchas, entre otros asuntos, desvelaron estrategias procesales de defensa.

La querella contra Garzón por estos hechos fue presentada el 9 de diciembre de 2009 por el abogado Ignacio Peláez, que defiende en el 'caso Gürtel' al empresario José Luis Ulibarri, y posteriormente el Supremo admitió que se personaran también como acusaciones el presunto cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa, y su segundo, Pedro Crespo, quienes permanecen en prisión.

Peláez solicita para el juez Garzón 10 años de inhabilitación, mientras que Correa pide que sea inhabilitado 17 años y la Fiscalía la absolución.