La paralización del tranvía costará a la Junta 450.000 euros al mes

Era una especie de ultimátum, una oportunidad de deshacer el ovillo de contratiempos que surgieron en torno a la actuación del tranvía y su legalidad, pero la Junta de Andalucía no ha contestado a los expropiados si acepta o no sus condiciones económicas. Debería haberlo hecho ayer, último día para que el abogado, José Antonio Gamero, contestara al recurso interpuesto por la Administración andaluza tras el auto de paralización de las obras del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Su respuesta ha sido de nuevo clara y contundente, insistiendo en que los trabajos cesen de manera inmediata ya que no se ha llegado a ningún acuerdo y haciendo entender al Tribunal que tal determinación aún no se ha cumplido por Obras Públicas.

Lo cierto es que el ritmo de los trabajos han caído en picado e incluso la plantilla se ha reducido de manera considerable en la última semana. Hasta una veintena de obreros han salido de la actuación. Para los vecinos de las zonas afectadas y aún en obras (principalmente las dos entradas a la ciudad) no es más que un signo claro de que el conflicto se va a prolongar durante bastante tiempo. Aunque tiene muchas lecturas de los perjuicios que va a causar este parón en la ciudad, hay que prestar especial atención a lo económico, ya que si la suspensión de la obra se mantiene de manera prolongada en el tiempo el coste de la actuación se va a elevar de manera considerable.

El contrato firmado por la Junta con la adjudicataria Sacyr expone que si los trabajos deben detenerse por causas determinadas por la administración se deberá resarcir a la empresa con 450.000 euros por cada mes que la obra no se reanude. Aproximadamente unos 15.000 euros por día en que los operarios no puedan realizar su labor en la calle Real. Un coste demasiado elevado sobre todo por la época de crisis que actualmente se está atravesando y que ahoga a la capacidad de movimiento de las administraciones.

Tanto es así que incluso Obras Públicas en su recurso al auto de paralización, debido a los fallos en la tramitación del proyecto y por tanto en la «ilegalidad» del mismo, como expone el TSJA, incluye este extremo como uno de los motivos por el que no se debe hacer efectiva la determinación del Tribunal. Ya que además del deterioro que habría que resarcir tras el periodo de abandono de los trabajaos, habría que indemnizar a la empresa una suma importante por cada mes que no se pudieran presentar los operarios en la calle Real.

Pero, es más, el abogado no está dispuesto a dar ningún respiro a la Junta de Andalucía y si persiste en su intención de continuar, aunque a un ritmo menor, con los trabajos, está dispuesto a enviar la próxima semana un acta notarial al TSJA informando de este hecho, para que tome las decisiones necesarias y se haga efectivo un auto que es claro a la hora de exponer la paralización de los trabajos.

Todo ello cuando ya se habían retomado los contactos entre la Administración autonómica y los expropiados y Obras Públicas tenía entre sus manos las condiciones económicas que pedían los afectados para retirar su denuncia. La ciudad continúa pendiente a una obra cuyo plazo acaba precisamente en este mes de abril.