El Gobierno quiere que Telefónica pague el coste total de su plan de despidos

Las prejubilaciones 'doradas' en grandes empresas que presentan sustanciosos beneficios en tiempos de crisis no gustan al Gobierno. Tanto que el Ejecutivo ha decidido ponerles coto por la vía rápida. ¿Cómo?, encareciendo por ley esos procesos para que las arcas públicas no terminen pagando los dos años de paro a los que esos prejubilados (que no dejan de ser parados) tienen derecho por regla general. El departamento que dirige Valeriano Gómez quiere limitar al máximo esa posibilidad, y que las compañías paguen de su bolsillo el equivalente a la prestación por desempleo. Gómez asegura que el nuevo escenario podría afectar al ajuste que prepara Telefónica para el 20% de su plantilla en España en los próximos tres años.

En principio, la iniciativa no sería una reacción al movimiento de la firma presidida por César Alierta, pues la idea ya aparecía en las recomendaciones que envió al Gobierno la subcomisión parlamentaria del Pacto de Toledo. De hecho, el ministro de Fomento, José Blanco, rechazaba cualquier ligazón a primera hora de ayer en declaraciones a Onda Cero. Sin embargo, a nadie se le escapa el ruido provocado por Telefónica, que tras explicar su decisión de adelgazar su plantilla comunicaba al regulador bursátil su intención de sacar adelante un programa de bonus para sus directivos por importe de hasta 450 millones de euros. El ajuste laboral encontró de inmediato el rechazo del Gobierno por boca de algunos de sus miembros más destacados, como Elena Salgado, Alfredo Pérez Rubalcaba y el propio Valeriano Gómez. En un primer momento, el Ejecutivo no pasó de más o menos tímidas críticas a lo que era, y sigue siendo, una decisión de una empresa privada. Sin embargo, la conjunción de despidos (hasta 5.600 personas) junto a pingües beneficios (10.167 millones en 2009), un alto coste para el conjunto de los españoles y premios para los ejecutivos han hecho explotar el asunto.

Apenas unas horas después de que hablara Blanco, el ministro Valeriano Gómez reconocía abiertamente en RNE los planes del Gobierno y afirmaba categórico que Telefónica reúne las condiciones bajo las que, si la reforma sale adelante, una empresa deberá pagar el coste de las prejubilaciones. A saber, un tamaño «suficiente», «un volumen de beneficios amplio» y un plan de despidos con consumo de recursos públicos. Aun así, queda por definir lo más complicado, el baremo y los ratios exactos por los que se juzgarán en adelante esos ajustes de plantilla.

Reacción rápida

«No se trata de limitar ningún derecho ni del trabajador ni de las empresas, pero intentamos que no haya forma de externalizar estos costes; si el trabajador ya no busca empleo activamente y va a jubilarse, no debe cobrar el desempleo, y si lo hace tiene que asumirlo la empresa», sentenció el ministro. Gómez confirmó que la reacción del Ejecutivo será rápida, pues pretende introducir los cambios legales pertinentes a través de enmiendas al articulado de alguna norma en avanzado estado de tramitación parlamentaria; las candidatas son la Ley General de Seguridad Social y el Decreto Ley de Políticas Activas de Empleo.

Conocida la pretensión del Gobierno, la oposición aplaudió lo poco que se conoce de la iniciativa. Desde el Partido Popular, su coordinador económico, Cristóbal Montoro, se mostró dispuesto a estudiar la idea ya que, dijo, es «paradójico» que se permitan esas prejubilaciones cuando se trata de retrasar la edad de jubilación a los 67 años.

El portavoz de Trabajo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, apoyo la limitación de estas prejubilaciones al considerarla una práctica «inmoral e irresponsable». Gaspar Llamazares (IU) expresó también su apoyo inicial a algo que, recordó, «no es nuevo».