Las autonomías deben afrontar un «recorte sin precedentes» del gasto

Elecciones y austeridad casan mal. Pese a ello, las trece comunidades autónomas que celebran comicios esta primavera van a tener que aplicar -al igual que el resto, pero sin duda con mayor disgusto- un recorte «sin precedentes» del gasto público. Tienen que cumplir el objetivo de estabilidad fijado para 2011, pero disponen de unos ingresos exiguos, porque las perspectivas de crecimiento se mantienen débiles. Por eso, ante las dificultades de ahorrar en las políticas sanitaria y educativa, que levantan en pie de guerra a los ciudadanos afectados, se verán obligadas a meter la tijera en las inversiones. Proyectos inaugurados antes de tiempo se podrían quedar sin culminar.

Lo sugiere un trabajo del servicio de estudios de BBVA. Sus autores ponen de manifiesto que la disciplina que apliquen las comunidades afecta al conjunto del país, porque las presiones de los mercados sobre la deuda soberana no cesan. Los expertos, que siguen día a día la reestructuración de las cajas de ahorros, mantienen puesto el foco sobre los gobiernos regionales, que ya incumplieron el objetivo de déficit en el año 2010.

Cuando la agencia Moody's bajó semanas atrás la nota de la deuda soberana de España, aludió, junto a las incertidumbres del sector financiero, a los recelos que despierta en los analistas la capacidad del Gobierno estatal para influir en las comunidades autónomas, que mantienen parcelas de soberanía.

El impacto de la crisis ha disparado los débitos de las autonomías. Al acabar 2010, ya eran equivalentes al 10,9% del Producto Interior Bruto y representaban el 18% del total de la deuda pública española. La crisis del mercado inmobiliario y la recesión han achicado sus ingresos, que hoy están al nivel de hace diez años. El ahorro en los gastos resultó insuficientes, y el conjunto de las autonomías registró en 2010 un déficit del 3,4% del PIB, cuando se había comprometido a un límite equivalente al 3,1% de esa magnitud. Los mayores ahorros del Estado compensaron la diferencia.

Este esfuerzo de la Administración central no impidió un déficit histórico de las autonomías de 22.866 millones de euros en 2010. Antes, el déficit se concentraba en pocas comunidades, pero la crisis ha llevado a que las 17 hayan llegado a presentar 'números rojos' crecientes, con cifras especialmente abultadas en Baleares, Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña. Cuando se calcula en función del impacto por habitante, la cuantía es de 4.244 euros por persona en Cataluña, frente a un promedio nacional que no alcanza los 2.500 euros.

Cataluña, no obstante, al tiempo que reivindica los 1,450 millones del Fondo de Competitividad, ha anunciado una rebaja del IRPF que se aplica a lasrentas más altas.