
El PSOE no pactará con De Bernardo por ser «responsable político del desfalco»
Es un compromiso que ha adquirido con la plataforma ciudadana que pide la dimisión del alcalde por lo ocurrido en la caja municipal
Actualizado: GuardarHay quien piensa que el alcalde, Manuel María de Bernardo, no tiene ningún tipo de responsabilidad por la pérdida de casi ocho millones de euros de la caja municipal. Para otros está claro que el regidor es la máxima autoridad y que por tanto debería haber dimitido tras lo ocurrido en la Delegación de Economía y Hacienda. Fernando López Gil, el candidato a la Alcaldía del Partido Socialista, es defensor de la segunda corriente, tanto que incluso está dispuesto a no realizar ningún tipo de pacto de gobierno con los andalucistas. Así lo ha manifestado públicamente en una carta enviada a la plataforma ciudadana 'Responsabilidades Políticas Ya'. «Desde mi formación política hemos defendido y hemos actuado en la búsqueda de aclarar lo sucedido y en la depuración de responsabilidades políticas en el robo de 7'8 millones de euros de la caja municipal del Ayuntamiento isleño». Motivo por el que entre los diferentes compromisos que recoge en la misiva se encuentra el de «No alcanzar acuerdo alguno de gobierno con el Partido Andalucista de Manuel María De Bernardo, a quien por su condición de primer edil de San Fernando, consideramos responsable político por no realizar las acciones necesarias y obligatorias que permitieron el robo de la caja municipal».
De esta manera el socialista se acoge a la posibilidad de la mayoría absoluta para poder ponerse al frente de la Alcaldía, ya que está convencido de que tanto el PA como el PP están dispuestos a repetir el pacto de Gobierno de hace cuatro años. Es decir, que si los socialistas no sacan 13 concejales, López Gil se verá de nuevo revocado a la oposición, al menos según las convicciones de los socialistas.
Aunque no es el único compromiso adquirido con esta plataforma ciudadana, ya que los socialistas también se han comprometido a auditar los órganos autónomos y la empresa pública municipal que actualmente siguen sin ser auditadas y también a realizar una auditoría de gestión político-administrativa en base a los informes existentes de la Policía Nacional, Cámara de Cuentas, Fiscalía y del propio Ayuntamiento, que revele quién tenía las diferentes responsabilidades, quién realizaba y quién no sus obligaciones y responsabilidades dentro del organigrama de funcionamiento interno del Ayuntamiento y de la propia legislación. «A la vista de los resultados que se obtengan de dichas auditorías, como Gobierno Municipal, se actuará conforme a las obligaciones que como responsables municipales tenemos ante las consecuencias que se pudieran haber derivado por la desatención de sus funciones».
De esta manera los socialistas están dispuestos a llegar al fondo de esta cuestión y buscar los responsables administrativos que no evitaron que desapareciera tanto dinero de las arcas del Ayuntamiento.