Los prejubilados del Marco piden a la Junta que pague las primas de los ERE

Unos 70 trabajadores prejubilados de varias bodegas del Marco (González Byass, Complejo Bellavista y Zoilo Ruiz-Mateos), también de la fábrica de Lactimilk y del Consejo Regulador, se concentraron ayer ante la puerta de la delegación de la Junta en la Alameda Cristina para denunciar los retrasos que sufren en el cobro de sus pólizas por el impago de la administración autonómica de las cantidades pactadas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

El representante de este colectivo, Juan Pedro Martín, exempleado de González Byass, recordó que los afectados por esta situación son unas 150 personas que viven en la incertidumbre de no saber «cuándo va a abonar la Junta su parte de las pólizas que se firmaron». Según Martín, el problema para los prejubilados es grave, porque «nosotros tenemos que seguir pagando las cuotas a la Seguridad Social si queremos tener una pensión, y como son cantidades importantes ya hay familias con falta de liquidez». A eso hay que añadir que si hay un retraso en el ingreso a la Seguridad Social se ven obligados a abonar un 20% de recargo.

Y es que la aseguradora con la que firmaron la póliza (Generali Seguros) ya les ha confirmado que se han suspendido los abonos de las rentas mientras la Junta siga incumpliendo los compromisos de pago de las primas.

Estos afectados, que critican que el gobierno andaluz «ni paga ni da explicaciones para salir de esta incertidumbre», creen que la polémica por la trama de los ERE irregulares les está perjudicando pese a que sus procesos fueron «limpios y legales» -como reza la pancarta que desplegaron ayer y que también llevaron a sus protestas en Sevilla-, y creen que el retraso en el pago tiene que ver de forma indirecta por los cambios que se están introduciendo en el sistema. Sea como fuere, Martín dejó claro que «debe normalizarse la situación antes de que los extrabajadores lo tengamos que pasar mal, sobre todo porque no puede ser que seamos las víctimas colaterales de lo que haya hecho ningún chorizo».

En el caso de Grupo Garvey, como recalcaron ayer los afectados, el problema es doblemente grave porque a los impagos de la Junta se suman los de la empresa. Ayer los perjudicados acudieron de nuevo a la bodega para volver a pedir explicaciones, y expusieron que «la familia Ruiz-Mateos nos ha dicho que nos olvidemos de ellos, que no se hacen cargo», por lo que confían en que el concurso de acreedores solicitado llegue cuanto antes.