La Audiencia da por buenas las escuchas, pruebas fundamentales del caso

A las nueve y media, el presidente de la sala, Manuel Grosso, dio el veredicto que todos esperaban a plena voz: tras dos días de incertidumbres y deshoje de margaritas, la respuesta de la Sección Tercera de la Audiencia que juzga el 'caso Karlos' fue un «no» rotundo: Dijo no a la anulación de las intervenciones telefónicas que dieron origen a la investigación, no a los errores en la instrucción. Y en definitiva, dijo no al archivo del juicio, que continuará a partir del 11 de mayo como estaba señalado.

La posible nulidad de las escuchas y el sobreseimiento de la causa eran hasta ahora los pilares de la estrategia de algunos de los abogados, sobre todo, de los acusados que no piensan llegar a un acuerdo de conformidad -como Francisco Casto Pérez, María José Campanario y su madre, Remedios Torres-, que esperaban eludir el juicio y una posible sentencia condenatoria. Ahora, en cambio, tendrán que plantear una estrategia de defensa.

Evidentemente, no tienen que demostrar su inocencia. Pero durante los próximos dos meses se enfrentarán a unas pruebas que hasta ahora parecen rotundas, como las conversaciones que los agentes de Vigilancia Aduanera pincharon a Carlos Carretero y a su pareja, entre noviembre de 2005 y febrero de 2006. Además, deberán buscar los puntos flacos a otras pruebas más firmas aún: las declaraciones del resto de acusados, que al llegar a un acuerdo de conformidad con el fiscal, han admitido que existió una trama de estafa. Además, explicarán en la sala en qué consistía esa trama, en cuyo relato es probable que señalen e incriminen a Campanario y, sobre todo, a Casto. Unos del objetivo del sobreseimiento era, precisamente, eludir estas declaraciones.

Tanto Campanario como Casto Pérez tienen todavía una oportunidad de cambiar de estrategia: interesarse por una sentencia conformidad con el fiscal, como el resto de acusados. Sin embargo, cuando se conoció la decisión del tribunal y supieron que se complicaba su defensa, ninguno de los dos dio luz verde a sus abogados para iniciar un acuerdo con las acusaciones, lo que puede hacer pensar que se mantengan en sus trece durante el resto del juicio.

Lo que se espera, de hecho, es que insistan la petición de nulidad de las escuchas ante el Tribunal Supremo, en un recurso de casación que el abogado Felipe Meléndez anunció ayer.

Los argumentos del 'no'

En su intervención, el magistrado Manuel Grosso recordó que su decisión sobre las escuchas no es nueva. La tomó ya la Audiencia Provincial (la Sección Primera) en dos ocasiones -en 2006 y 2007-, aunque entonces se dejaron algunas cuestiones sin resolver. Precisamente, la Sección Tercera se ha apoyado en aquellas dos resoluciones para argumentar la que anunció ayer: «Damos por buenas dichas resoluciones, que fueron ponderadas», afirmó Manuel Grosso. Con todo, el magistrado argumentó una por una, las cuestiones previas que han sido desestimadas.

Por ejemplo, sobre los autos del instrucción y su falta de motivación, Grosso admitió que si bien sus fundamentos jurídicos fueron «escuetos», «remitían a los oficios» de Aduanas, que pueden servir de motivación. Grosso concedió que esta técnica «es criticable, pero es válida».

Sobre el control judicial a las pesquisas -que las defensas pusieron en duda-, el magistrado aseguró que se cumplió siempre, y que «no existió una investigación paralela», ajena al juez, como se llegó a plantear. La Sala sí concede que hubo falta de control por parte del fiscal, pero considera que «no viola ningún principio de legalidad». El tribunal tampoco cree que haya una quiebra del principio jurídico de especialidad, pues considera que tanto la trama de facturas falsas de la operación Halcón como el delito que se descubrió en el 'caso Karlos' son «homogéneos y conexos». También aclaró que los agentes de Aduana fueron competentes para investigar ambos fraudes, a pesar de que el segundo no afectara a Hacienda. Y en este asunto de competencias, Grosso defendió al juez de instrucción de Jerez: «Su actuación es legítima y no puede ser cuestionado».

Por último, el tribunal desestimó la nulidad del sistema de 'monitorización' que usaron los agentes aduaneros para rastrear los teléfonos -que fue puesto en duda por el abogado Francisco Baena-. El magistrado fue contundente: «Su actuación fue impecable y el tiempo les da la razón».

Tras el veredicto, durante media hora, el resto de abogados que sí se han conformado se reunieron en un cónclave a puerta cerrada con el fiscal y las acusaciones para concretar los detalles de los acuerdos, que hasta ahora se mantenían en vilo. No en vano, todos los abogados -menos uno- pidieron también la nulidad, por si acaso. Sin embargo, esa posibilidad se ha esfumado.