La Fiscalía recurre la decisión de la jueza Alaya de pedir todas las actas

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se mostró ayer de acuerdo con el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra el auto de la juez que investiga las supuestas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) que pide la entrega a la Junta de las 480 actas de los consejos de gobierno.

En Linares, donde visitó el Parque Empresarial, Griñán consideró que, «después de todo lo que se ha dicho», la postura de la Junta, del Consejo de Gobierno y de los servicios jurídicos coincide con la opinión de la Fiscalía. Así, el presidente andaluz señaló que la juez tiene la oportunidad de pedir las actas «que crea que son imprescindibles para el conocimiento del caso» y que ellos se las facilitarán «sin ningún tipo de problemas».

La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, consideró que el recurso de la Fiscalía Anticorrupción «da la razón» a la posición de la Junta ante esa petición, y añadió que los socialistas van a ser siempre «respetuosos» con el trabajo de la juez, siempre en el «marco de la legalidad que defendemos».

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción también ha designado al fiscal Manuel Fernández Guerra para que, junto al también fiscal Juan Enrique Egocheaga, participe en esta investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en torno a esta posible trama.

Legalidad y transparencia

El presidente del PP-A, Javier Arenas, afirmó en relación a este asunto que «el fiscal tiene que estar al servicio de la investigación, de la legalidad y de la transparencia, no al servicio del Gobierno». Arenas, durante su intervención en una reunión en Córdoba de la junta directiva del PP andaluz, dijo estar «muy preocupado» ante estas noticias, por lo ya explicado y también «porque se han producido en los últimos días nombramientos de fiscales vinculados a los ERE», que a los populares les han «escamado mucho», a lo que se suma que «la Fiscalía, de forma insólita, apoyó la recusación de la juez de los ERE», siendo ahora «sorprendente que la Fiscalía se oponga a que se entreguen las actas (de los consejos de Gobierno de la Junta) para que se investiguen».

«Pero hay algo más grave -añadió Arenas-, los 19.000 prejubilados que están en los llamados 'ERE muertos', porque ya ha terminado su vigencia, y la Junta se niega a investigarlos», lo cual, a juicio de Arenas, «es un delito muy grave», es decir, «negarse a investigar las 19.000 prejubilaciones de los ERE que ya no tienen vigencia es un delito muy grave, es corrupción».

Respondiendo a las críticas vertidas hacia el Poder Judicial, el fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, consideró que los grupos que cuestionan «sistemáticamente» al Ministerio Público y ponen en tela de juicio la imparcialidad de sus profesionales «o bien mienten o bien desconocen» el Estatuto Orgánico que rige su funcionamiento, cuya lectura ha recomendado «a más de uno». García Calderón, en un acto en Almería, criticó a «determinados grupos» que desde hace tiempo «presentan globalmente a esta institución como si sirviese a intereses sectarios o estuviese vencida por el maniqueísmo».