El Estado gasta un 60% más de lo asignado en dependencia

El Estado dedicó 5.390 millones de euros a la financiación de la Ley de Dependencia, lo que representa un 60% más de lo plasmado en la memoria económica de la norma. Según expusieron la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez Lozano, y la directora general del Imserso, Purificación Causapié, que analizaron la aplicación de la iniciativa en sus primeros cuatro años de funcionamiento, los beneficiarios de la prestación, unos 720.000, son en su mayoría mujeres mayores de 80 años, residentes en municipios con una población superior a los 50.000 habitantes y perceptoras de una pensión de viudedad.

La Administración ha reconocido a 1.071.000 personas como dependientes. De ello se deduce que aún hay 350.230 dependientes que se hallan a la espera de recibir la ayuda prometida, cerca de un tercio del conjunto. El 67% de los beneficiarios son mujeres, circunstancia que se explica por la mayor esperanza de vida de que gozan las españolas.

Las estadísticas demuestran la elevada edad de los que se acogen a la ley. Así, casi el 80% de los beneficiarios (77,92%) tienen 65 años o más. Por añadidura, más de la mitad del total (el 56,23%) tiene 80 o más años. Las ayudas más comunes son las prestaciones económicas que se conceden para que un familiar cuide en casa al dependiente. Alrededor de 385.000 personas reciben una de estas pagas. Asimismo, 240.316 disfrutan de algún servicio, como ayudas a domicilio o centros de día, y 173.961 poseen una plaza en un centro residencial.

El estudio coincide con otros informes en el que el 87% de los ancianos expresan su deseo de ser atendidos en sus domicilios antes que en un centro geriátrico. Como subrayó Martínez, esta es la razón por la cual la ayuda a familiares al cuidado de dependientes sea la más frecuente.

Menos espera

La burocracia que rodea la gestión del servicio tiende a aminorarse. No en vano, el tiempo medio de espera de los dependientes desde que se les reconoce su derecho a la prestación hasta que la reciben ha descendido diez puntos en el último año. En función del tipo de minusvalía, el 56,65% de los dependientes presentan una discapacidad física y el 43,35% sufren una discapacidad mental o intelectual.

La secretaria general de Política Social y Consumo destacó que el Gobierno ya aprobó en Consejo de Ministros un decreto por el que reduce a los seis meses el tiempo de espera. Con todo, reconoció que la norma no se aplica en todas las autonomías por igual.

Por sexos, no existen grandes diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a los servicios que reciben, aunque se encuentra mayor presencia de hombres en servicios no residenciales y prestaciones económicas y más mujeres en los servicios residenciales.

El Ejecutivo estima que en estos cuatro años de implantación de la ley se han generado 110.841 empleos, según los datos aportados por la Seguridad Social. La dependencia es, pues, un sector que ha crece a pesar de la crisis económica.

La Rioja, Andalucía y Cantabria se encuentran a la cabeza en cuanto al número de reconocimientos de prestaciones, mientras que Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid "van a un ritmo un poco más lento".