Los ecologistas aseguran que el PSOE «estaba al tanto» de la corrupción urbanística de Grazalema

Apuntan directamente al PSOE como conocedor de las presuntas irregularidades urbanísticas. La organización proteccionista Ecologistas en Acción (EA) ha denunciado públicamente que la existencia de «una trama corrupta» en el Ayuntamiento de Grazalema era del perfecto conocimiento del anterior alcalde, Antonio Mateo, de la actual alcaldesa, María José Lara, y de los máximos responsables del PSOE gaditano.

Esta afirmación se ha hecho coincidiendo con la fase de finalización de las diligencias previas que instruye el Juzgado de Ubrique, en las que según los Ecologistas, que se presentan como acusación particular, la jueza ha dictado un auto en el que asegura estar «acreditado inicialmente que el arquitecto técnico del Ayuntamiento cobraba comisiones a constructoras y otros profesionales de la construcción por la concesión de licencias para la realización de obras».

Esta causa, abierta como consecuencia de la 'Operación Pinsapar', tuvo su origen en una denuncia presentada por EA en octubre de 2005 por el desvío del río Guadalete, en pleno casco urbano de Grazalema, para permitir la construcción de un bloque de pisos al que el Ayuntamiento concedió una licencia ilegal en agosto de 2005, siendo alcaldesa Lara. Además, apuntaron que otro bloque, según ellos también ilegal, se construyó anteriormente cuando gobernaba Mateos.

Después de las denuncias, la alcaldesa paralizó las obras y eso «generó un escándalo que terminó en los juzgados en 2006 con acusaciones mutuas entre los constructores, el técnico municipal Juan Prieto y alcaldesa», destacan. Con la finalización de esta fase de instrucción, que ha durado cinco años, la jueza entiende que el ex arquitecto técnico municipal, los promotores del bloque de pisos de la Plaza de la Asamblea -la empresa Inmocentral-, el anterior alcalde, la actual alcaldesa y dos concejalas más pudieron incurrir en sendos delitos de cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y contra la ordenación del territorio.

Los ecologistas destacan que han venido presentando ante el Ayuntamiento numerosas denuncias, desde el año 2000, por infracciones urbanísticas. Asegurando que las mismas «eran contestadas con informes en los que se falseaba las normas municipales y se aseguraban que las obras eran legales». Incluso destacan que cuando el arquitecto municipal se hizo una casa «irregular», «Mateos pidió al propio Prieto que hiciera un informe en el que aseguró que era legal». Además, recuerdan que al final han tenido que abrirle expediente a esta vivienda y decretar su demolición, reconociendo los citados promotores que realizaron las obras de forma gratuita como pago de los favores recibidos.

En 2003 los ecologistas aseguran que solicitaron a Mateos que se iniciaran acciones contra Prieto «porque se podría estar incurriendo en posibles delitos de prevaricación y falsificación de documentos públicos». Al respecto aseguran que nunca les informaron de las actuaciones que iba a llevar a cabo el Ayuntamiento al respecto. Además, destacan que todas las denuncias que hicieron han desaparecido de los archivos municipales, «a pesar de que constan en el registro de entrada y tenemos copia sellada de las mismas, por lo que han sido aportadas a la instrucción y constan como prueba de cargo», destacan.

La organización proteccionista critica que el Ayuntamiento «acometió una campaña de acoso contra el principal denunciante de esta trama, Juan Clavero, llegando la alcaldesa a decretar la demolición de la vivienda de su familia en Benamahoma, represalia de la que tuvo que dar marcha atrás ante la demanda judicial que le presentaron».