Registran el despacho del hermano de la alcaldesa de Alicante

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía registraron ayer por orden judicial el despacho jurídico de José Luis Castedo Ramos, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), en busca de documentos que prueben que asesoró y facilitó información privilegiada al empresario Enrique Ortiz sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según informaron a este diario fuentes próximas a la investigación.

Este primer registro fue autorizado por la mañana por el juez que investiga esa pieza separada del sumario por el 'caso Brugal', Manrique Tejada, y se prolongó desde las doce de la mañana hasta casi las siete de la tarde. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica (Udef) de la Policía Nacional requisaron varias cajas de documentación en el despacho del hermano de Castedo y se las llevaron en dos vehículos camuflados. Además, los policías se llevaron varios soportes informáticos y ahora tendrán que realizar un volcado de la información.

Fuentes próximas al caso precisaron que Castedo y su socio en el despacho Salvetti Abogados y Consultores SL, Javier Gutiérrez, exconcejal socialista, no fueron detenidos por los agentes de la Policía Nacional.

José Luis Castedo es una de las 22 personas que el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, acusa de diferentes delitos (tráfico de influencias, facilitación de información privilegiada o cohecho) en esta causa. Aunque los investigadores interceptaron varias conversaciones sospechosas entre Ortiz y Castedo, la Fiscalía parece haber puesto sus miras sobre el hermano de la primera edil, que era concejal de Urbanismo en la etapa objeto de investigación.

Asesoramiento ilícito

Según el Ministerio Público, José Luis Castedo y su socio Javier Gutiérrez, asesoraron de forma ilícita a Ortiz y confeccionaron a su medida el planeamiento urbanístico en la ciudad «con la ayuda del redactor jefe del PGOU, Jesús Quesada». Además, habrían gestionado la compra de terrenos susceptibles de ser revalorizados con posterioridad en ese plan. El fiscal cita varias llamadas telefónicas para sustentar su hipótesis, entre ellas una del 7 de julio de 2008 en la que el empresario y dueño del Hércules insta a Gutiérrez a que le localice a «alguien que le venda suelo barato en Fontcalent para integrarlo en el PGOU».

Supuestamente, Salvetti Abogados, que tiene su sede en la calle Castaños, habría cobrado tanto del constructor como de sus socios de Bancaja «un fijo y un porcentaje» de todas estas gestiones. Y habrían obtenido «la promesa de futuros trabajos con la entidad bancaria y con el vehículo societario Deproinmed».

En este apartado del informe de la Fiscalía Anticorrupción aparecen como sospechosos tanto los letrados como el empresario y el representante de Bancaja José Cortina. Briones también sostiene que el despacho jurídico habría gestionado un cambio de calificación de terrenos en favor de otro empresario llamado Salvador Águeda.

Para la acusación, José Luis Castedo, que estuvo ayer presente junto a Gutiérrez en el registro de su despacho, es responsable «indiciariamente» de facilitar información privilegiada al propio Ortiz. De hecho, el 4 de noviembre de 2008, el constructor habló con un tal José Bernabé y le contó que el hermano de la alcaldesa le había proporcionado diversos datos sobre la zona de afección de Aguamarga, donde estaba prevista la construcción del proyecto denominado Ciudad de la Economía.

El 6 de ese mismo mes, según refleja el sumario, José Luis Castedo «asesora al empresario» y le comenta que, «en caso de que no se pueda construir en la zona de afección de Aguamarga, trabajarán para que se califique la zona como protegida (parque natural) en las alegaciones».

«A coste cero»

El 1 de octubre siguiente la Policía detecta otra conversación que ha sido incorporada a las diligencias, las cuales siguen bajo secreto de sumario. En ella, uno y otro interlocutor se refieren a la posibilidad de lograr la remodelación del estadio Rico Pérez «a coste cero» a partir de los «aprovechamientos en el Plan General».

Veintiún días más tarde, la propia Sonia Castedo, que desde un año antes ejercía como alcaldesa tras la renuncia de su antecesor, Luis Díaz Alperi, otro de los principales implicados en este sumario, mantiene una reunión con Ortiz. Poco después, éste conversa con Gutiérrez y el hermano de la primera edil sobre la recalificación de los terrenos de la partida de Fontcalent como zona protegida.

Según desvelaron fuentes próximas al caso, el registro del despacho del hermano de Castedo es uno de los últimos coletazos de la investigación, antes de que el juzgado empiece con las citaciones.