Los agentes volverán a sentarse en el banquillo hoy, en la segunda sesión de la vista. : ESTEBAN
Jerez

El 'caso Corralito' destapa las tensiones entre la Policía Nacional y Local

Dos municipales están acusados de 'usar' como confidente a una traficante cuyo delito presuntamente no persiguieron

JEREZ. Actualizado: Guardar
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Aquello de 'todos para uno y uno para todos' no es una premisa que esté interiorizada en el seno de los dos Cuerpos de Policía de Jerez. Si hasta ahora parecía una leyenda urbana aquello de que los que deberían ser compañeros en busca del bien común no eran sino rivales, ayer quedó patente esta afirmación en un juicio que estuvo marcado por la competencia feroz entre la Comisaría y la Jefatura en lo que a la lucha contra el narcotráfico se refiere.

La 'operación Corralito' sentó en el banquillo a dos policías locales, J. M. N. L. y P. J. B, acusados de un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos. Como explicó el fiscal en sus calificaciones, se les achacaba fundamentalmente el no haber trasladado a sus compañeros de la Nacional información fundamental relacionada con la citada operación. El primero en declarar fue P. J. B, un subinspector que lleva 26 años en el Cuerpo y que en el momento del operativo (primavera de 2009) estaba al frente del grupo de Investigación de la Policía Local. El agente aclaró de entrada que entre las labores que ejerce el citado grupo se encuentra la de la erradicación del «trapicheo de droga», algo por lo que contactan de forma regular con el grupo de Estupefacientes de la Comisaría cuando «la información sobrepasa el nivel de actuación de la Local, porque no tiene medios».

En esta línea, afirmó que la comunicación entre los dos estamentos es totalmente fluida, aunque reconoció que a raíz de una operación llevada a cabo en 2001 las relaciones se deterioraron e incluso apuntó a la intención de la Policía Nacional de «acabar» con este grupo de Investigación. En cuanto al hecho concreto que se juzga, reconoció haber tratado en más de una ocasión con Manuela G. M, de un famoso clan condenado por narcotráfico, con el fin de que le pasara determinada información sobre presuntos compradores de droga.

Así, contó cómo esta persona les avisó en un momento dado de que alguien que acababa de adquirir el estupefaciente se encontraba en su casa, lo que posibilitó que los agentes le interceptaran a la salida llevando consigo unas cuantas papelinas. «Nosotros sabíamos quién era ella y a qué se dedicaba todo el clan -confesó-, pero era confidente de la Policía Nacional y por tanto no teníamos accesibilidad a ella, por lo que esperábamos coger a sus compradores para que luego la delataran». En el mismo sentido se expresó su compañero, J. M. N. L, explicando que Manuela nunca pronunciaba la palabra «droga» con ellos pero que era algo que siempre quedaba implícito, lo que se comprobó con la emisión de dos grabaciones en la que la condenada hablaba con el agente soltando frases como: «La que me han traído no es buena» o «tiene bastante, unos 15 ó 20 gramos».

Estas fueron las argumentaciones aportadas al fiscal, que trató de determinar si los dos funcionarios, con tal de capturar a los presuntos compradores, habían dejado a un lado la actividad ilícita llevada a cabo por la propia Manuela incurriendo en una omisión del deber de perseguir delitos.

Conflicto de competencias

El testimonio del inspector al frente del Greco (grupo contra el crimen organizado de la Policía Nacional) fue crucial en este punto. El agente negó que la condenada fuera confidente del Cuerpo al que pertenece, queriendo dejar claro que «el confidente no es alguien a quien se le permite delinquir para que delate a otros». «No entendemos por qué se conchababan con Manuela sobre los compradores, persiguiendo a éstos y no a ella. Alguien que vende nunca puede ser confidente».

Además, el inspector hizo hincapié en que la Ley 2/86, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, determina que la investigación del narcotráfico es «competencia exclusiva» de la Policía Nacional, por lo que reconoció su sorpresa por la labor adquirida por este grupo de Investigación de la Local. Por último, el agente aseguró que el operativo quedó «perjudicado» con la incursión de los funcionarios municipales, que fue descubierta a raíz de unas escuchas telefónicas cuya nulidad solicitó sin éxito la defensa. Hoy continuará el juicio con la declaración de nuevos testigos, tras lo que podrá quedar visto para sentencia.