La sala rechaza la petición de la defensa de anular las escuchas telefónicas en el caso de la 'operación Corralito'

Los agentes de la Policía Local P. J. B. y J. M. N. L. se han sentado hoy en el banquillo dentro del segundo juicio por la 'operación Corralito', que se desarrolla en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez. La Fiscalía les acusa de un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, por lo que solicita la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un periodo de diez meses, además de asumir las costas del procedimiento.

Los dos funcionarios pertenecen al grupo de Investigación del Cuerpo, entre cuyas labores esenciales se encuentra la de perseguir el tráfico de estupefacientes y esto fue lo que les llevó a formar parte de la citada operación contra la compraventa de droga. Un operativo que, en lo que respecta a estos dos imputados parte de mayo de 2009, cuando J. M. N. L. recibió la llamada de una de las condenadas en la primera fase, Manuela G. M.

En esa conversación y según la calificación de la Fiscalía, esta persona alertaba al agente de que se iban a vender estupefacientes en su domicilio y éste avisó al otro funcionario, P. J. B, que detuvo al presunto comprador y le intervino la sustancia que llevaba encima. De lo que se les acusa es de que no informaron al respecto al grupo de Estupefacientes de la Comisaría, lo que el Ministerio interpreta como una dejación de sus funciones.

Las defensas de los dos Policías han pedido que se anulen las escuchas. Dicen que se ha vulnerado el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones porque la Policía Nacional sin dar explicaciones de cómo habían obtenido los datos, solicitó la intevención de unos números de teléfono que no podían conocer porque no figuran en ninguna guía. También quieren que se anulen las diligencias. La jueza está deliberando para tomar una decisión al respecto.

La primera fase judicial de la operación se saldó el pasado mes de diciembre con la condena de 12 imputados, que se encuentran cumpliendo diversas penas de cárcel por un delito contra la salud pública. La última de las fases se juzgará el próximo mes de mayo, y en ella se sentarán en el banquillo otras ocho personas acusadas del mismo delito. El operativo policial culminó con la detención de casi 30 individuos y la intervención de tres kilos de cocaína y 20.000 euros.