Correa logra sentar a Garzón en el banquillo por las escuchas de 'Gürtel'

Francisco Correa, cerebro de la trama 'Gürtel', en prisión preventiva desde hace más de dos años, logró ayer sentar en el banquillo de los acusados al primer juez que investigó el caso, Baltasar Garzón. Cosas del destino, el principal acusado de la red de corrupción y su mano derecha, Pablo Crespo, verán cómo un tribunal, en este caso el Supremo, resuelve antes el proceso contra el magistrado que les encausó que su propia causa. Será el segundo juicio que el alto tribunal celebre contra Garzón en el tras la causa del franquismo, que está pendiente de resolver las recusaciones planteadas por el magistrado antes de que se fije fecha para la vista oral.

El juez instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, decretó la apertura de juicio contra Garzón por intervenir las conversaciones carcelarias de los abogados de los imputados en la red corrupta. Considera que hay sobrados indicios delictivos para juzgar al magistrado por prevaricación continuada -dictar una resolución injusta a sabiendas-, la peor acusación que se le puede imputar a un juez, y por violar las garantías constitucionales con el uso de material de escucha y grabación.

Para el juez Jorge Barreiro no hay duda de que Garzón «accedió indebidamente» a las conversaciones confidenciales que tuvieron lugar en los locutorios de la prisión de Soto de Real. Para ello ordenó la instalación de micrófonos para grabar los conversaciones preso-letrado pese a conocer la posible ilegalidad de este acto, ya que había abogados de por medio y se podría vulnerar el derecho a la defensa.

El instructor asegura que Garzón usó para su beneficio al menos 25 conversaciones carcelarias entre febrero y abril de 2009. En ese período, el juez de la Audiencia Nacional dictó dos autos para justificar su acción y prorrogar las escuchas, pese a la advertencia de la Fiscalía en el segundo escrito. Explica el juez Jorge Barreiro que «al poco tiempo» de conocer Garzón el resultado de las comunicaciones tomó declaración a los imputados encarcelados. Lo hizo pese a conocer las estrategias de sus defensas, lo que llevó a Garzón a expurgar parte de las comunicaciones una vez que se había producido «la lesión del derecho fundamental de forma irremediable».

La mayoría de las escuchas interceptadas tienen que ver con la estrategia procesal de los imputados, pero también con otros asuntos de interés. Así las cosas, en la conversación del 6 de marzo de 2009 el abogado Ignacio Peláez y el imputado Pablo Crespo «hablan de la compra de los trajes de (Francisco) Camps y de las pruebas que pudieran existir sobre ello y de lo que pudiera haber de verdad en todo este tema».

Trama valenciana

Ese mismo día, otra conversación entre Correa, su abogado José Antonio Choclan y el propio Peláez vuelven a hablar sobre la «trama de Valencia» y, en particular, sobre la construcción de un campo de golf y «del tema de los trajes». También de las consecuencia que supondría la aparición del famoso 'pen drive' en el despacho de uno de los imputados o del perjuicio que podría ocasionar la colaboración de un testigo con la justicia.

Por todo ello, el primero en querellarse contra Garzón fue el letrado Ignacio Peláez, que en el caso Gürtel defiende al empresario imputado José Luis Ulibarri. Fue el 25 de febrero de 2010. Días después se sumaron a la querella los cerebros de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo. En mayo, Garzón declaró ante el juez y reconoció que no tenía indicios de que los letrados estuvieran implicados en la red. Cinco meses después, el 19 de octubre, el magistrado del Supremo apuntó la apertura de juicio tras escuchar a las partes y realizar diversas pruebas.

Desde entonces, el juez Jorge Barreiro ha rechazado cada unas de las diligencias solicitadas por Baltasar Garzón.