Martínez: «La denuncia por el caso del PTA no tiene ningún fundamento»

Después de que hayan declarado ya técnicos municipales, amén del interventor y el secretario, ayer fue la delegada del Medio Rural, María del Carmen Martínez, la que compareció en calidad de testigo por el caso del Parque Tecnológico Agroalimentario, en el que se investiga la posible concesión de ayudas ilegales a una empresa para la compra de suelo en el parque a raíz de una denuncia del PSA.

Las diligencias, que instruye el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad, pretenden esclarecer por qué en un segundo informe se alteraba la baremación que se había dado en un primer momento a la empresa Tecnología Innovación Sanitaria, lo que rebajaba sustanciosamente el precio de la compra de suelo.

La delegada del Medio Rural, tras declarar ante el juez, no quiso hablar públicamente sobre este asunto, ya que «será el juez quien determine». No obstante, entró a valorar que «creo que la denuncia no tiene nada de fundamento».

No obstante, el proceso sigue adelante. Hay que recordar que el técnico municipal que testificó en esta apertura de diligencias dijo que llegó a firmar únicamente el primer informe, y que se negó a dar el visto bueno al segundo. Por su parte, el otro empleado, un administrativo, fue el que dijo que si dio el visto bueno a la segunda baremación fue porque recibió órdenes de arriba.

En la primera baremación (16 de abril de 2007) a Tecnología Innovación Sanitaria se le otorgaron 9 puntos, lo que significaba que podía optar a una ayuda del 20%. Pero esta valoración fue desestimada, «según parece deducirse por Pilar Sánchez» -reza el escrito remitido en su día por el PSA a la Fiscalía- para que pudiera llevarse a cabo una nueva baremación.

En la segunda, que es la que rehusó firmar el citado técnico, la firma alcanzó 14 puntos, lo que supone un 40% de descuento sobre el precio fijado para la compra de suelo. En este sentido cabe destacar que, según el mismo escrito presentado por el PSA, la subvención (de 244.720 euros) fue concedida «en virtud de una resolución de Pilar Sánchez como presidenta del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad».

El PSA, en la ampliación de su escrito denuncia, pidió que se imputara tanto a la alcaldesa como a la delegada del Medio Rural por el caso del PTA. De momento, el juez ha citado a declarar a varios técnicos municipales y a la citada responsable municipal, pero en calidad de testigo.