El Defensor alerta sobre las «detenciones masivas» de inmigrantes sin base legal

El informe anual del Defensor del Pueblo, que ayer fue entregado al Congreso y al Senado, critica con crudeza la polémica circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía que da luz verde a los policías a hacer redadas indiscriminadas de inmigrantes irregulares y que el Ministerio del Interior, a pesar de las críticas de abogados y sindicatos del cuerpo, se ha negado a modificar o a matizar.

La institución que dirige María Luisa Cava de Llano asegura que el «desorden», la «ambigüedad» y la «confusión» de conceptos en las órdenes dictadas por el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba «podrían favorecer la práctica de detenciones masivas».

La controvertida circular, que lleva la calificación de «secreta» y que fue dada a conocer por este periódico, ordena a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía la «detención preventiva» de cualquier inmigrante, documentado o indocumentado, que no pueda demostrar en el momento que se encuentra en situación regular en España. El Defensor reconoce que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la 'ley Corcuera', obliga a cualquier persona a tener documentos que acrediten su identidad, pero en modo alguno a que estos sean españoles que «acrediten la legalidad de su estancia».

El traslado a comisaría del inmigrante por el mero hecho de que no pueda probar que su situación es legal, como ordena Interior, «no es conforme a Derecho», advierte el organismo.

El informe se queja en especial de la figura de las «detenciones preventivas» que introduce la circular. Un texto en el que se insta a los agentes a arrestar al extranjero «a efectos de identificación». Según el Defensor, solo cabría la «detención» en «caso de delito, pero al no decirse expresamente en la circular podría interpretarse como una vía libre a las detenciones preventivas sin fundamento».

«Esta institución considera que la manera en que determinadas expresiones de la circular están redactadas suscita serias dudas interpretativas que podrían conducir de hecho a una restricción indebida de los derechos de los inmigrantes», apostilla el documento, que recuerda a los policías que no pueden «conducir a comisaría» a los extracomunitarios ni «restringir la libertad» de estas personas por la simple razón de no probar en ese momento que tienen 'papeles'.

El Defensor del Pueblo asegura que ha recibido denuncias por las órdenes de Interior de 140 asociaciones y colectivos, y que el reguero continúa, ya que «se han seguido recibiendo numerosas quejas de ciudadanos que habían sido testigos de controles de identificación en la vía pública, aparentemente dirigidos a localizar a ciudadanos extranjeros que están en situación irregular en España». De acuerdo al informe, estas redadas «se realizan sin otro criterio que los rasgos étnicos u otros signos externos distintivos de nacionalidad». El organismo asegura que «mantendrá una actitud vigilante» ante estas detenciones que «pudieran restringir injustificadamente los derechos de los ciudadanos extranjeros».

Quejas reiteradas

Las denuncias del Defensor se unen a las quejas de Naciones Unidas. El pasado marzo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU reclamó a España que termine cuanto antes con las que denominaba «redadas policiales basadas en perfiles étnicos», que se derivan de la polémica circular 1/2010.

La ONU aseguraba que es «preocupante la información que ha recibido acerca de los controles de identificación o redadas policiales basados en perfiles étnicos y raciales que se realizan en lugares públicos y barrios donde hay una alta concentración de extranjeros con la finalidad de detener a aquellos que se encuentran en situación irregular».

Al margen de las críticas a la circular, la memoria revela que la crisis ha disparado las quejas ante la oficina. En 2010, se atendieron 34.674 expedientes, frente a los 22.287 gestionados en 2009. Un incremento del 55,5%, que el Defensor atribuye a la mala coyuntura económica.