La Junta confía en que la jueza de los ERE no abra las actas de los consejos de Gobierno

Selladas y lacradas. El Gobierno andaluz entregará a última hora de esta mañana en el Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla la documentación con las 480 actas de los consejos de Gobierno de los últimos diez años. La Junta atiende así y apura hasta última hora el ultimátum de 72 horas dado por la jueza que investiga el fraude en las ayudas a prejubilaciones bajo amenaza de acusar al Gobierno andaluz de desobediencia y de cometer delito, en concreto el de quebrantamiento de medida cautelar.

Esta medida cautelar ha sido dictada por la jueza mientras el Tribunal Supremo se pronuncia sobre si es competente o no para examinar todas las actas tras el conflicto jurisdiccional planteado por la Junta por el carácter reservado de las mismas. Las actas permanecerán bajo custodia de la magistrada, pero ni esta ni otra persona podrán examinarlas. Así lo entiende el Gobierno andaluz. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, lo expresó de forma clara ayer en Almería: «Naturalmente, yo sí tengo confianza en la Justicia y sé que nadie va a abrir las actas».

La frase del presidente encierra un reproche velado a la magistrada, que en el auto dictado el pasado lunes insinúa claramente que el Gobierno de Griñán puede alterar las actas. De hecho, la magistrada argumenta la petición de las mismas para su custodia «para evitar que se eluda la acción de la Justicia, se produzca un grave perjuicio al interés público y se originen daños graves e irreparables». También señala que tal medida cautelar «se adopta con el fin de salvaguardar los fines de la investigación, es decir, para evitar, también en el terreno de las hipótesis, que pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes de las actas del Consejo de Gobierno hasta tanto se dilucida el conflicto de jurisdicción».

Griñán no quiso valorar las consideraciones de la magistrada en dicho auto, que sí fueron lamentadas y calificadas de forma crítica por la portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno, el día antes. El presidente recordó que no entrará en polémica con la jueza porque «lo que está en los juzgados tiene trámites judiciales y no políticos», según Efe.

El Gobierno andaluz ha mantenido la solicitud del requerimiento de inhibición de la magistrada al interpretar como injerencia del poder judicial en el ejecutivo la pretensión de la magistrada de analizar todas las actas de manera indiscriminada para ver si encuentra algo relativo al fraude en los ERE. La Junta argumenta que el Consejo de Gobierno es un órgano político y no administrativo y que sus acuerdos suelen ir acompañados de documentos de carácter político. Se acoge a la Ley del Gobierno que especifica en su artículo 31 el carácter de reserva de las actas. La jueza garantiza en su auto la confidencialidad de los documentos protegidos por la citada ley, pero recuerda que los acuerdos de los consejos no son secretos.

La magistrada no ha enviado aún al Tribunal Supremo el requerimiento de inhibición, pero sí lo ha hecho para que se pronuncien sobre el mismo a las partes personadas y a la fiscalía. Entre las partes personadas figura ya, además del Gobierno andaluz, el Partido Popular, al admitir la magistrada la querella de este partido contra 26 personas imputadas por la policía en el caso, entre ellas el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

La Junta también depositará las actas de los consejos de dirección de las consejerías de Hacienda, Economía, Innovación y Empleo. La magistrada quiere investigar en las actas de dichos organismos todo sobre el procedimiento para concedera las ayudas que la policía considera ilegal y hecho para escapar al control financiero y las advertencias sobre ello que hizo la Intervención General de Hacienda. El auto de la jueza coincide con la entrada en vigor ayer del decreto que refuerza las medidas de control en la concesión de las ayudas a los ERE. A partir de ahora el gasto se fiscalizará previamente, mientras antes se hacía con posterioridad.

El Partido Popular sigue presionando a Chaves sobre este asunto y ha vuelto a pedir su comparecencia en el Congreso. La portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ironizó en Sevilla con quue a Chaves lo nombró vicepresidente José Luis Rodríguez Zapatero para prejubilarle. «Esto es un ERE, pero sufragado con el dinero de todos los españoles», dijo.