San Fernando

Denuncian el reparto de productividades por decreto de Alcaldía

El Sindicato de la Policía Local pide que se espere a la negociación colectiva

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El Sindicato de la Policía Local Independiente (SPLI) ha denunciado el reparto de productividades por decreto de Alcaldía a empleados municipales elegidos y distinguidos por ellos, «dando la espalda al resto de la plantilla municipal que esperan la aprobación por Pleno tanto del Acuerdo de Funcionarios como del Convenio Colectivo negociado hasta la fecha».

La productividad viene regulada en el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local, y en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público para retribuir el desempeño, rendimiento o resultados obtenidos, siendo obligatoria la negociación con los sindicatos para su determinación y aplicación.

La negociación colectiva, que esta pendiente de su aprobación por el Pleno municipal, regula las materias comunes que afectan tanto al personal funcionario como al personal laboral, y contempla un sacrificio al aceptarse una moderación salarial para distribuir de la forma más equitativa posible el esfuerzo de todos los empleados municipales como medidas contra la crisis.

El gobierno municipal desobedece la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, como medidas de austeridad y solidaridad contra la crisis económica, al experimentar las retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento de San Fernando y de sus Organismos Autónomos, un incremento global con respecto a las del año 2010, al repartir productividades y no cumplir con la congelación prevista para el año 2011 en las retribuciones de determinados empleados públicos de esta Administración Pública.

«El SPLI considera que repartir productividades, estando aplazada la aprobación de la negociación colectiva, es una medida equivocada del gobierno municipal porque antes de pedir más sacrificios a los trabajadores y funcionarios deben controlar los gastos en excesos y despilfarros».