La Junta volverá a negar a la jueza todas las actas de los consejos de Gobierno

El Gobierno andaluz no va a entregar las actas completas de todos los consejos de Gobierno desde 2001 y mantiene su planteamiento de un conflicto de jurisdicción con la la jueza que investiga los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos si esta insiste en reclamarlas de ese modo y no concretando las que hagan referencia al caso, según confirmaron ayer fuentes del Ejecutivo. Este insiste en que deberá ser el Tribunal Supremo el que delibere si es legal o no la petición de la jueza, ya que para la Junta las actas de los consejos tienen carácter reservado y es potestad suya levantarlo.

La magistrada Mercedes Alaya había convocado para hoy a las 13. 30 al letrado de la Junta de Andalucía para que ratifique su negativa a entregar las actas (488 desde 2001) y a mantener el requerimiento de inhibición. La jueza hacía esa convocatoria en un auto fechado el pasado día 30 y entregado a las partes personadas el viernes día 1. En el mismo, la magistrada recrimina a la Junta de nuevo por falta de colaboración y en contra de la interpretación de esta, asegura que «solo son secretas las deliberaciones, opiniones y votos emitidos» en el Consejo de Gobierno, y no los «acuerdos y demás circunstancias que deben figurar en las actas» .

En dicho auto, en el que Mercedes Alaya lamenta haber tenido conocimiento por la prensa de la negativa de la Junta, la magistrada acota y motiva la petición a diferencia del auto del día 21. La jueza explica que requiere dichas actas a partir de 2001 porque en esa fecha se firmó el acuerdo-marco que ha permitido que, durante una década, la Junta haya otorgado ayudas excepcionales, sin control de la Intervención, que entre otros beneficiaron a 72 «intrusos» localizados en ERE financiados por el Gobierno andaluz y otros 111 beneficiarios con irregularidades.

Reparo

La jueza pretende conocer si el Gobierno andaluz «adoptó algún acuerdo relativo a la finalización de la vigencia del mencionado acuerdo-marco», cuya duración se extendía hasta el 31 de diciembre de 2003 pero «se siguió actuando como si estuviera en vigor». También desea saber si entre 2001 y 2003 «se adoptó algún otro acuerdo ante la existencia de algún reparo por los órganos fiscalizadores, en concreto por la Intervención General y la Cámara de Cuentas», y si entre 2003 y 2004 «el Consejo de Gobierno adoptó algún acuerdo al poder tener conocimiento del déficit de financiación presupuestaria acumulado en los ejercicios 2001 a 2003». Además, la jueza pretende conocer si el Gobierno andaluz «adoptó algún acuerdo relativo a la finalización de la vigencia del mencionado acuerdo-marco», cuya duración se extendía hasta el 31 de diciembre de 2003 pero «se siguió actuando como si estuviera en vigor».

Fuentes de la Junta entienden que esta acotación puede ir en la vía alternativa a las actas completas que ofrece a la jueza. Es lo que el abogado del Estado intentará aclarar hoy. Si no es así y la magistrada mantiene su petición de todas las actas, será el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales el que decida.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, pidió ayer al presidente de la Junta que «deje de hacer trampas a la Justicia y al Parlamento» y le ha exigido que entregue «todo lo que le pide» a la jueza. La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, aseguró que su partido nunca ha cuestionado la labor de la Justicia, pero mostró su sorpresa por el hecho de que cada vez que la jueza requiere información «el PP la manipula y la lleva a los medios de comunicación».