La Fiscalía pide al TSJ de Valencia que investigue los 'trajes' junto a la financiación del PP

La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) que se haga cargo de la investigación de la supuesta trama de financiación irregular del PP valenciano relacionada con la red 'Gürtel' y que la una a la causa por cohecho impropio que afecta a miembros del Gobierno autonómico, más conocida como 'sumario de los trajes', y en la que figura como imputado Francisco Camps.

El documento de la Fiscalía en el que pide la inhibición a Valencia (y que en modo alguno es un escrito de acusación) provocó un malentendido durante varias horas, ya que en él no aparecía el nombre de Camps, lo que dio pie al Gobierno valenciano a felicitarse por la exclusión del 'president' en el sumario de la financiación irregular, con mucho la acusación más delicada que pesa contra el jefe del Ejecutivo autonómico. Poco después, el Ministerio Público, sin embargo, desmintió que Camps haya sido exonerado.

En su escrito, Anticorrupción reclama que sea el alto tribunal valenciano el que investigue de forma conjunta la 'causa de los trajes' -ya en la fase de conclusiones en el TSJ valenciano- y la de la financiación. En ese documento, también explica los supuestos delitos cometidos, y «las personas que, conforme a lo instruido, habrían podido participar en este delito (...), indicando la intervención de cada uno de ellos».

Destacados nombres

En el documento figuran algunos de los más destacados nombres del PP valenciano: el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla; el ex secretario general y exportavoz, Ricardo Costa; el responsable de Organización del PPCV, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García. Los cuatro, según la Fiscalía, son aforados y habrían podido participar en el delito electoral.

En el escrito de la Fiscalía Anticorrupción aparece además un quinto cargo aforado: la exconsejera de Turismo y presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, que figura en el apartado dedicado al delito contra la Administración pública, y que, según el Ministerio Público, debería ser investigada por haber sido la responsable del departamento que firmó los expedientes en los que se detectan irregularidades en adjudicaciones a Orange Market (una de las empresas de la trama) en Fitur, de 2005 a 2009.