La OTAN rechaza armar a los rebeldes

El general Charles Bouchard, antiguo piloto de helicópteros de la Fuerza Aérea canadiense, comanda desde ayer en nombre de la OTAN todas las operaciones que se llevan a cabo en Libia. El oficial aliado toma las riendas de la misión después de una larga negociación que provocó más que roces entre EE UU, Gran Bretaña y Francia, las tres potencias que lideraron el primer ataque contra el régimen de Muamar Gadafi. Apenas dos semanas después de que empezaran los bombardeos, la coalición internacional vuelve a dividirse ante la posibilidad de entregar armas a los rebeldes.

Washington y Londres, como ya ocurrió con el debate sobre quién debía relevar al Pentágono en la dirección de las operaciones, han vuelto a formar un frente común para impulsar la idea de que podría ser necesario pertrechar a los opositores. Ambos gobiernos ya consiguieron convencer a sus socios -especialmente a Francia y Turquía- de que la OTAN era el único mando posible para la intervención en Libia. Ahora, empiezan a poner sobre la mesa el envío de armamento para que los rebeldes puedan hacer frente a un ejército organizado y mucho mejor equipado.

La OTAN, una vez asumida la dirección del teatro de operaciones, intervino ayer en el debate abierto de forma contundente. «Esta operación es para proteger al pueblo libio, no para armar a la gente», subrayó el secretario general de la Alianza, el danés Anders Fogh Rassmussen. El general Bouchard, jefe militar de la misión, se pronunció en una línea similar al remarcar desde su base en Nápoles que la resolución aprobada por Naciones Unidas establece unos límites «claros» y «estrictos».

La OTAN considera que el Consejo de Seguridad sintetizó nítidamente en tres puntos los objetivos de la intervención: imponer una zona de exclusión aérea, aplicar un embargo de armas y proteger a los civiles. Dentro de este último apartado, la Alianza entiende que puede ejecutar ataques selectivos para evitar que las fuerzas leales a Gadafi «amenacen zonas pobladas». Francia y España también creen que sería necesaria una nueva resolución de la ONU para armar a los rebeldes.

Turquía, mucho más explícita, destacó ayer el «peligro» que podría suponer mejorar la potencia de fuego de los insurgentes. «No creemos que sea apropiado porque provocaría una situación diferente en el país», subrayó el primer ministro otomano, Recep Tayyip Erdogan, durante un encuentro con David Cameron en Londres. Ankara teme que las armas pudieran acabar en manos de terroristas, como sucedió en los años ochenta en Afganistán. En aquella época, EE UU y Arabia Saudí entregaron armamento a unos muyahidines que años después se convirtieron en el gran enemigo de Washington.

Agentes encubiertos

EE UU y Gran Bretaña, sin embargo, parecen decididos a explorar seriamente la posibilidad de apoyar a los rebeldes. Según distintas fuentes, los dos gobiernos han autorizado operaciones encubiertas de sus centrales de inteligencia -CIA y MI6- en territorio libio. Ambos servicios secretos ayudan a los aviones aliados marcando los objetivos en tierra, pero al parecer también habrían intensificado los contactos con los rebeldes. Esta labor se considera esencial para conocer realmente a los miembros de la insurgencia porque el Pentágono es consciente de que se han infiltrado elementos de Al-Qaida y Hezbolá.

El debate sobre la entrega de armamento a los rebeldes coincide con la última contraofensiva de Gadafi, que ha conseguido volver a establecer la línea del frente en ciudades ocupadas por la insurgencia. Varios expertos sostienen que los opositores están pagando un alto precio por su desorganización. Con unas fuerzas más coordinadas y el incontestable poderío aéreo de los aliados, deberían haber logrado mantener la presión sobre un ejército regular severamente castigado y con vacíos en la cadena de mando.

Pese a que los movimientos de los rebeldes parecían coordinados con los bombardeos de la coalición, la OTAN insistió ayer en que no cooperan con nadie sobre el terreno porque su objetivo es defender a la población. «Y protegemos a los civiles de uno y otro bando porque no pedimos el carné de identidad a nadie», subrayó un mando de la Alianza. El organismo militar, que ha bautizado la operación como 'Protector Unificado', cuenta de momento con 205 aviones y 21 buques aportados por 14 países.