El PP se queda solo en el intento de arrinconar a Rubalcaba por las actas de ETA

El PP se ha quedado solo en la caza de Alfredo Pérez Rubalcaba. Ningún otro partido está dispuesto a seguirle y apoyar su exigencia de responsabilidades políticas al vicepresidente y ministro del Interior por la supuesta connivencia del Gobierno con ETA en el proceso de paz de 2006 que reflejan las actas incautadas a la banda terrorista. Es más, tanto CiU como PNV, IU y ERC se unieron ayer a los portavoces del PSOE para denunciar la «deslealtad» de los populares con el pacto antiterrorista y para coincidir en que la beligerancia del principal partido de la oposición en este asunto solo es una estrategia política para liquidar a uno de los favoritos a suceder a José Luis Rodríguez Zapatero como candidato socialista y lograr «réditos electorales». La imagen de la soledad se visualizará la semana próxima, en la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, cuando nadie respalde la comparecencia urgente de Rubalcaba en el pleno reclamada por el PP.

La falta de apoyos no rebajó el tono de las acusaciones del PP contra el Gobierno ni la reclamación insistente de explicaciones sobre el contenido de las actas de los terroristas, aunque sí les llevó a proclamar sin matices su intención de mantener pese a todo la unidad antiterrorista con el Ejecutivo y dejar a salvo de cualquier salpicadura o fractura el pacto de gobierno en Euskadi que sostiene a un 'lehendakari' socialista. Los populares también eludieron ayer reclamar la dimisión de Rubalcaba, a quien saben que tendrán que soportar como principal interlocutor en política antiterrorista pese a que consideran que está desacreditado.

«Que dejen de engañar»

Mariano Rajoy ignoró el llamamiento del resto de partidos para que saque a ETA del debate político. Durante un mitin en Talavera de la Reina, aseguró que la versión exculpatoria de Rubalcaba sobre el chivatazo es «falsa», exigió al Gobierno que dé explicaciones sobre su gestión de la tregua y reclamó que «deje de engañar» porque «ya es suficiente». En una frase dirigida a quienes le critican resumió: «Lo único que pedimos es que se expliquen y digan la verdad a los españoles porque eso es una democracia y la oposición tiene la función de controlar al Gobierno». Antes de su intervención, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, empleó un discurso más bronco y emplazó a los socialistas a que digan «qué Rubalcaba les gusta más, si el Rubalcaba del Faisán o el Rubalcaba del GAL». La portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, intentó templar gaitas y precisó que las acusacione son compatibles con la «lealtad» al pacto antiterrorista. El reverso de la moneda fue, una vez más, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, quien dijo que el Ejecutivo está lleno de «mentirosos compulsivos».

Los socialistas replicaron con contundencia. El ministro y número dos del PSOE, José Blanco, exigió a Sáenz de Santamaría que si quiere defender el pacto antiterrorista «pase de las palabras a los hechos» y diga a sus diputados que «dejen de traer la bazofia de ETA al Congreso». Elena Valenciano, la portavoz del comité electoral socialista, y José Bono, presidente del Congreso, coincidieron en el mismo argumento: «ETA se alegra cada vez que PP y PSOE se enfrentan en este asunto». Valenciano destacó que ahora que la banda «está asfixiada» es cuando los populares vienen a «darle oxígeno» de manera «irresponsable». Bono afirmó que la inferencia de que los ataques de la oposición solo buscan cobrarse la cabeza de Rubalcaba, el posible delfín de Zapatero, es algo «verde y con asas».

El ministro de la presidencia, Ramón Jáuregui, que también apreció «deslealtad» en los ataques del PP, quiso marcar las diferencias entre unos y otros al afirmar que el PSOE también «podría haber utilizado las actas de las negociaciones (con ETA) de 1998 para lesionar al PP», pero que eso es algo que los socialistas ni hicieron desde la oposición ni harán desde el Gobierno porque «las hemos roto simbólicamente». Jáuregui, como el miércoles hizo Rubalcaba, defendió en Vitoria la gestión de la tregua de 2006 y dijo que los socialistas lo hicieron mejor que el PP en 1998 y 1999 y por eso está cerca el final de la banda. Pidió además a los populares que no den credibilidad a los documentos de los terroristas para que «no sienten al Gobierno en el banquillo con ETA como testigo».

El resto de la oposición cerró filas con el Ejecutivo. Josep Antoni Durán i Lleida, el portavoz de CiU en el Congreso, dijo «sentir vergüenza» al ver que los populares «se vuelven a equivocar al usar el terrorismo como arma política respecto al adversario». El PNV está convencido de que el PP, «con sus aspavientos», solo persigue «la cabeza de Rubalcaba» y Gaspar Llamazares, de IU, está convencido de que los populares «ponen en peligro el pacto antiterrorista» para obtener «réditos electorales».