La juez ordena identificar a los controladores huelguistas

Un juzgado de instrucción de Madrid ha enviado un oficio al Ministerio de Fomento para que identifique a los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo «ilegalmente» los pasados 3 y 4 de diciembre en una «huelga salvaje» que provocó el cierre del espacio aéreo durante 18 horas y dejó miles de afectados en los aeropuertos. La petición llega después de que la magistrada María del Sagrario Herrero abriera una causa para investigar la posible existencia de un delito de sedición, previsto en la Ley de Navegación Aérea y que está penado con hasta ocho años de prisión.

La juez quiere conocer las identidades de los controladores que abandonaron su servicio durante el comienzo del puente de la Constitución. Solo en Madrid, la Fiscalía Provincial ha remitido al juzgado una denuncia colectiva contra 175 huelguistas. Una cifra, no obstante, corta ya que el Ministerio de Fomento abrió en su momento 442 expedientes disciplinarios en toda España, lo que da buena muestra del número de controladores que podrían estar implicados en el paro.

El Ministerio Público ya ha anunciado que intervendrán en las diligencias abiertas por la juez «con todas las consecuencias» y lo primero será pedir que llamen a declarar como imputados a los controladores que se negaron a declarar ante las diferentes Fiscalías Provinciales. El órgano acusador quiere saber cómo se coordinaron los empleados de AENA las horas antes de que anunciaran las bajas médicas masivas que alegaron para no trabajar. Muchos de ellos se reincorporaron a sus puestos de trabajo el día 4 a mediodía, una vez que el Gobierno declarara el estado de alarma. El Ejército asumió entonces el control y los trabajadores quedaron sometidos al Código Penal Militar, que contempla graves penas de prisión.

Afectados

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha pedido también a Fomento que certifique la hora del cierre del espacio aéreo español y la apertura del mismo, el número de vuelos cancelados y los pasajeros afectados.

La causa abierta por la magistrada María del Sagrario Herrero no solo acumula las denuncias presentadas por la Fiscalía de Madrid, sino también diferentes demandas penales presentadas por bufetes de abogados, asociaciones de consumidores y particulares que sufrieron en primera persona las consecuencias del paro aéreo. La razón de que un solo juzgado instruye todas las denuncias responde a que en ellas se pide la responsabilidad penal de los controladores en la huelga salvaje.

Organizaciones de consumidores como OCU y Facua han interpuesto una demanda contra los controladores por los perjuicios económicos causados por el abandono de su puesto de trabajo. También un bufete de abogados de Madrid que reúne a más de 5.000 afectados ha acudido a la vía penal y a la jurisdicción civil, en donde reclaman 10.000 euros por cliente.

El delito de sedición establece penas para los empleados de aeropuertos «que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones». El Código Penal, en su artículo 545, fija penas de cuatro a ocho años de prisión a aquellos que hubieren inducido o dirigido el paro.