El Gobierno contestó al juez Ruz que no tiene actas de las negociaciones con ETA

El Gobierno contestó al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el chivatazo policial a ETA que se produjo en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006, que no tiene actas ni documentos sobre las negociaciones que mantuvo en ese año con la banda terrorista ETA.

Así lo han indicado fuentes personadas en la causa que han comenzado a acceder desde este miércoles a los nueve folios de la comisión rogatoria remitida por la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert después de que Ruz levantara el secreto que existía sobre esta parte del procedimiento. Según las citadas fuentes, en las actuaciones no existe ningún tipo de acta redactada por el Gobierno en las que se resuma el contenido de las reuniones con ETA, tal y como expusieron al juez en dos ocasiones la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, y la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.

El juez preguntó a estos dos organismos si "se conserva acta o resumen alguno" de la reunión que los representantes del Ejecutivo y la banda celebraron el 22 de junio de 2006. También les solicitaba que identificaran a los dos representantes del Gobierno, a los que ETA denominaba en sus actas 'Go-2' y 'Go-3' y el juez concedió la condición de testigos protegidos. Durante sus declaraciones ante el juez, que se realizaron de forma secreta, los representantes del Gobierno aseguraron que no existía ningún tipo de instrucción por parte del Ministerio de Interior en el sentido de relajar la lucha antiterrorista ni mucho menos de facilitar informaciones a colaboradores de la banda, como sucedió en el bar 'Faisán'.

Los comparecientes, que declararon como testigos protegidos, señalaron a Ruz que el Estado mantenía el "estado de alerta máxima" ante posibles atentados terroristas, ya que ETA seguía aprovisionándose, realizando el robo de vehículos y cobrando el denominado 'impuesto revolucionario'. Según las citadas fuentes, el juez interrogó a tres negociadores del Gobierno, aunque ha concedido la condición de testigo protegido a otros dos, uno de los cuales fue interrogado telefónicamente. Ruz pidió al equipo investigador, dirigido por Carlos G., que verificara la relación de la declaración de este testigo -el único al que se ha atribuido un número de asignación policial- con los hechos objeto de investigación.

En este mismo sentido se manifestaron el resto de cargos policiales que han declarado en la parte secreta de la causa, entre los que se encontraba el director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida, y el comisario general de Información del Cuerpo Nacional de Policía, Telesforo Rubio. Los otros testigos que han comparecido en el Juzgado Central de Instrucción número 5 han sido el subdirector general operativo de la Guardia Civil, el jefe del Servicio de Información y el responsable de la Unidad Central Especial del instituto armado, así como el subdirector general operativo de la Policía Nacional y el director de la Ertzaintza. El magistrado también pidió al Gobierno que informara si en la reunión "intervino alguna persona física o institución en condición de intermediaria o mediadora entre las dos partes" y si éste redactó su propia acta. Según las fuentes jurídicas consultadas, ninguno de los testigos protegidos actuó como intermediario entre las partes.

Explicaciones a la banda

Según el auto dictado el martes por Ruz, los representantes del Gobierno respondieron a las "recriminaciones" que les realizaron los representantes de la banda en una reunión celebrada a propuesta de ETA mantenida el 22 de junio de 2006, dos días después de las detenciones en la operación contra el aparato de extorsión de ETA desarrollada en el 'Faisán'. La resolución judicial también revelaba que uno de los negociadores designados por ETA en aquella tregua, identificado con el nombre de 'Alain', era el hijo del miembro de la banda Ramón Sagarzazu, detenido junto al dueño del bar 'Faisán', Joseba Elosúa.

El auto explicaba que las autoridades judiciales francesas tuvieron conocimiento de estos hechos a raíz de la documentación incautada a Francisco Javier López Peña, 'Thierry', entre la que se localizó el acta de la banda que detallaba este encuentro. En la reunión, los representantes del Gobierno aseguraron a los miembros de ETA que habían intentado evitar las detenciones advirtiendo de que los arrestos estaban previstos en una llamada a Joseba Elosúa, según han publicado varios medios de comunicación.

El acta de aquella jornada refleja que los representantes gubernamentales admitieron que las detenciones eran "un accidente grave" que no se había podido evitar debido a la intervención del juez. Explicaron también a los representantes de ETA que el Gobierno había cambiado al fiscal general y comunicado a las Fuerzas de Seguridad del Estado que evitaran realizar detenciones. "Ha sido muy difícil hacerlo porque la Guardia Civil sólo obedece al Duque de Ahumada", asegura ETA que dijo el Ejecutivo. En la causa están imputados por un delito de colaboración con organización terrorista (penado con hasta 10 años de cárcel) y revelación de secretos (con un máximo de tres) el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía en el País Vasco y un inspector de Vitoria.