La investigación del accidente que dejó malherida a Esther Arroyo, estancada

Una situación personal provisional y delicada como es la de imputado (sospechoso) en una causa penal no debería postergarse en exceso, salvo que la investigación lo requiera. Sin embargo, la batalla de la eficacia y la agilidad parece que está perdida en los juzgados, que arrastran hace años una carga excesiva de trabajo. El partido judicial de Barbate es un claro ejemplo del anormal funcionamiento de los órganos judiciales. Los juzgados que lo componen están dotados de escasos medios porque pese a cubrir una zona de la provincia que no alcanza ni los 50.000 habitantes, sí están enclavados en un punto caliente del narcotráfico.

Esta situación geográfica hace que estos órganos ingresen asuntos de mucha complejidad, con numerosos implicados y, además, de manera frecuente. Solo hay que hacer un repaso a las últimas operaciones efectuadas por la Guardia Civil que han supuesto el arresto de decenas de personas.

Estos asuntos terminan por desplazar a otros en la lista de prioridades de un juzgado limitado en medios y el resultado es que estos casos se terminan eternizando en el tiempo. Eso ocurre con un simple accidente de tráfico, de escasa complejidad a la hora de investigar, que lleva atascado en el juzgado nº 1 de Barbate dos años y medio.

El 10 octubre de 2008, la temida N-340, a su paso por las localidades de la Janda, se hacía famosa a nivel nacional por un accidente que se registró en el kilómetro 44. La causa de esa relevancia mediática fue la identidad de dos de las heridas en el siniestro: la cantante Ana Torroja y la actriz Esther Arroyo. Ambas viajaban en un monovolumen en compañía de sus respectivas parejas y dos amigos más. Uno de ellos terminaría muriendo en el hospital. Su vehículo colisionó de frente contra una furgoneta que conducía un joven que entonces tenía 28 años, Óscar Jiménez. Según el atestado de la Guardia Civil, la furgoneta invadió el carril contrario al tomar una curva por un posible exceso de velocidad. Las condiciones meteorológicas eran adversas porque hacía mucho viento y llovía.

Desde un primer momento ninguno de los ocupantes del monovolumen quiso ejercer acusación contra el conductor de la furgoneta y según confirmó a este medio en el año 2009 el propio Óscar Jiménez, Esther Arroyo y su marido se habían interesado en reiteradas ocasiones por su estado. El joven sufrió severas lesiones en las piernas, un brazo y la médula que le han dejado una minusvalía de por vida.

Sin embargo, el fiscal solicitó la imputación del conductor de la furgoneta por un posible delito de homicidio imprudente. En calidad de tal, Óscar Jiménez testificó en mayo de 2009, hace ya casi dos años, y desde entonces sigue esperando. No sabe aún, pese al tiempo transcurrido, si será procesado o no; lo cual le obliga a vivir en vilo permanentemente. El delito que le imputan está castigado hasta con cuatro años.

La única vez que testificó, el joven declaró que una fuerte racha de viento desplazó su vehículo al carril contrario y que no había excedido en ningún caso los límites de velocidad.

En marzo de ese mismo año (2009), el juzgado envió exhortos a Madrid para citar a los supervivientes del monovolumen como perjudicados. Fuentes consultadas por este periódico confirmaron que las aseguradoras ya satisficieron las responsabilidades civiles. Pero sigue faltando la pieza clave: la decisión del juez.