Garzón lleva al Supremo al tribunal de Estrasburgo por la causa del franquismo

La batalla judicial entre el Tribunal Supremo y Baltasar Garzón continúa. Sabido el anuncio del juez de que no iba a parar hasta que su investigación de los crímenes franquistas fuera legitimada, Garzón dio un pasó más y ayer acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para demandar al Supremo. Considera que su enjuiciamiento por prevaricación vulnera sus derechos fundamentales y los de las víctimas, y asegura que el daño ya está hecho pese a no estar condenado, ya que lleva diez meses suspendido de sus funciones. Diversos juristas consultados estiman que la demanda no tendrá efectividad jurídica y vaticinan que será desestimada por no cumplir los requisitos marcados por la corte de Estrasburgo.

La demanda no incluye la aplicación de ninguna medida cautelar, pero sí una batería de argumentos sobre la actuación del Supremo en la causa abierta contra Garzón por presuntas prevaricación (dictar resoluciones justas a sabiendas). El magistrado alega en su demanda que su procesamiento viola varias obligaciones españolas con respecto al Convenio Europeo de Derechos Humanos, como la de proteger a los individuos de procedimientos penales injustos y el principio de independencia judicial.

De la misma forma, la representación legal del juez, ejercida por la organización británica Interights -especializada en litigios internacionales sobre derechos humanos-, argumenta que su enjuiciamiento no se ha hecho por razones fundadas y defiende que Garzón abrió un proceso por la demanda de las víctimas que sufrieron las «atrocidades» del franquismo.

Uno de los puntos clave de la demanda se centra en las leyes de amnistía de 1977, que el Supremo ha invocado reiteradamente para investigar, procesar y enjuiciar al juez por un delito de prevaricación, la peor de las acusaciones contra un magistrado que conlleva su inhabilitación. La defensa de Garzón asegura que dichas leyes de amnistía «resultan especialmente controvertidas» en relación con los crímenes contra la humanidad y que existe una corriente jurídica avalada por tribunales nacionales y extranjeros que así lo entienden.

La denuncia incorpora las opiniones de jueces de todo el mundo que no solo apoyan la tesis de Garzón, sino que han hecho en sus respectivos países lo mismo que el magistrado español intentó hacer en España: investigar crímenes de la humanidad cometidos durante una dictadura al entender que en esos casos las leyes de amnistía no prescriben. Entre los peritos aportados figuran el actual relator de Naciones Unidas contra la tortura o los jueces Juan Guzmán o Raúl Zafferoni, que investigaron las dictaduras de Chile y Argentina, respectivamente.

Sin efectividad

No obstante, diversos juristas especializados en derecho internacional consultados coincidieron en afirmar que la demanda no tendrá ninguna efectividad jurídica porque no cumple los criterios de admisión. «Antes de acudir a Estrasburgo hay que agotar todos los recursos en las instancias internas, y en el caso de Garzón no hay todavía ni sentencia del Supremo», explica la jurista Mariola Urrea, que estima que la decisión del tribunal se demorará varios meses. Otro jurista asegura que la denuncia no tiene recorrido y solo le dará al juez «un buen titular y la pretensión de internacionalizar su causa».

El Partido Popular considera que la demanda es «una garzonada más» y, en el polo opuesto, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica espera que fructifique para acabar así «con la doble moral del sistema judicial español». Consideran «incomprensible» que se hayan permitido las investigaciones de Garzón en otras dictaduras, pero no en la española.

La presentación de la demanda coincide con la revelación de un periódico colombiano que afirma que Garzón será asesor de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el proceso de verificación de desarme de los paramilitares.