La jueza que investiga los ERE reprocha a la Junta falta de colaboración y pasividad

La jueza Mercedes Ayala, que investiga la supuesta trama del cobro de prejubilaciones falsas y las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo, ha acusado a la Junta de Andalucía de «una cierta falta de colaboración» a la hora de cumplir con el envío al Juzgado de la documentación requerida por la policía judicial. La magistrada también reprocha a la Junta pasividad en el cumplimiento de las leyes y cuestiona por qué la Intervención General de Hacienda no emitió un informe de actuación cuando había alertado de «incumplimiento flagrante» de la normativa y «menoscabo de fondos públicos». También considera «a todas luces incompleta e insuficiente» la información remitida por la Junta al Juzgado sobre los intrusos detectados en los ERE. Ayala, titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que investiga todo el caso Mercasevilla, hace estas duras advertencias a la Junta en sendos autos dados a conocer ayer. Con ellos, el PP entiende que se desmonta la imagen de transparencia y colaboración que el Gobierno andaluz quiere dar, mientras que para este, es normal que la jueza pida más documentación y datos para la investigación.

Los dos autos, a los que ha tenido acceso este periódico, no son de ningún modo complacientes con la Junta. De hecho, en uno de ellos, firmado el pasado miércoles y notificado ayer, la magistrada da 48 horas de plazo a la Junta para que le remita varios centenares de documentos relativos al IFA e IDEA desde 2001 hasta 2009, a la Intervención General de Hacienda y las actas compulsadas de los consejos de Gobierno y de los consejos de dirección de las consejerías de Empleo, Hacienda, Presidencia e Innovación, entre otros, de los años mencionados. Entre ellos, la jueza solicita la documentación de los traslados de los informes de la Intervención General de Hacienda al titular de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y al titular de la Consejería de Economía, cargo que entre 2004 y 2009 desempeñó el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Como se recordará, Griñán sufre un duro acoso por parte de la oposición al entender esta que debió conocer los informes de la Intervención de Hacienda alertando varios años de anomalías en el procedimiento para conceder las ayudas y las prejubilaciones.

La petición de documentación de la jueza se concentra principalmente en torno al procedimiento para el pago de las prejubilaciones y ayudas a empresas a través del IFA, luego IDEA (empresas públicas de la Consejería de Innovación) mediante transferencias de financiación desde Empleo a las citadas empresas. La juez indica en su auto que las transferencias de financiación destinadas luego a los ERE irregulares se realizaron «prescindiendo de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Hacienda Pública de Andalucía», como recoge un informe de cumplimiento de la Intervención de Hacienda de 2005 referido al control financiero del IFA de 2003.

Según la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha manifestado reiteradamente , estos informes de cumplimiento nunca fueron trasladados al consejero porque no eran de actuación y no alertaban de menoscabo de fondos públicos. En el auto, la jueza pide a la Junta todos los informes de actuación emitidos por la Intervención.

La magistrada también quiere saber por qué la Intervención no emitió informe de actuación sobre las ayudas a los ERE, «sobre todo cuando en los informes de cumplimiento se ponía de manifiesto la existencia de circunstancias que, por su importancia, podían ocasionar un importante menoscabo de fondos públicos».

La magistrada requiere, a través de la policía Judicial, para que el interventor general informe «sobre la procedencia de los informes de actuación, y en caso de ausencia de estos, se explique detalladamente por qué no se emitieron al constatarse año tras año que las transferencias efectuadas a través del IFA o deIDEA por la Consejería de Empleo, bajo la fórmula de transferencias de financiación, se realizaron prescindiendo de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto por la Ley de Hacienda Pública de Andalucía, cual es el procedimiento de subvención excepcional, tal y como se recoge desde el informe de cumplimiento aportado a la causa correspondiente al ejercicio 2003 que remite la Intervención al consejero de Economía y Hacienda».

La jueza también comunica que ha unificado el caso de los ERE con el de Mercasevilla por la presunta existencia de una trama que tendría por objeto «la utilización fraudulenta» de los expedientes de regulación de empleo y planes de jubilación anticipada «con el indiciario conocimiento de la autoridad laboral».

Para el presidente del PP andaluz, los dos autos de la jueza confirman que estamos «ante una trama y ante el mayor escándalo de los últimos treinta años de autonomía». Arenas ha acusado a Griñán de «obstruir» no solo la labor del Parlamento sino también de la Justicia, según declaraciones realizadas a Efe.

Tras advertir de que el presidente de la Junta «se está riendo de todos los andaluces y del Estado de Derecho», Arenas recordó que, hace unos días, el expresidente de la Junta y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, dijo que este asunto era «solo cuestión de cuatro o cinco».