336 votos a favor y tres en contra

José Luis Rodríguez Zapatero logró ayer un respaldo parlamentario casi total a la presencia de España en la misión militar internacional contra Libia, pero entremedias tuvo que escuchar duros reproches de los grupos de la izquierda. Sabedor de que remaba con el viento a favor, el presidente del Gobierno se limitó a defender la legalidad de la operación para detener el genocidio perpetrado por el régimen de Muamar el Gadafi. Todo ello con reiteradas referencias al consenso que suscita la intervención entre la comunidad internacional, organismos africanos y árabes incluidos. La votación no dejó lugar a las dudas: 336 votos a favor, tres en contra, uno de IU y dos de BNG, y una abstención. Un aval abrumador que no impidió resucitar los ecos del '¡no a la guerra!' en el Congreso.

La intervención de Zapatero entró en el terreno de lo previsible, aunque en el turno de réplica tuvo un serio rifirrafe con Gaspar Llamazares. Durante 20 minutos justificó la presencia española en la misión por la defensa de los derechos humanos. Un argumento que le llevó a decir que la resolución de la ONU que ampara la intervención «no busca expulsar a Gadafi, sino poner fin a los asesinatos de civiles». El presidente puntualizaba así a Alfredo Pérez Rubalcaba, quien el pasado viernes tras el Consejo de Ministros explicó que la misión tenía como fin último sacar al coronel libio del poder.

Zapatero aseguró que el «importante despliegue» militar aprobado por el Gobierno, con medios aéreos y navales y unos 500 efectivos, busca encauzar una transición democrática en Libia del mismo modo que ocurrió en Túnez y Egipto. Un proceso que el Gobierno prevé rápido. De ahí que se aprobase la presencia durante un mes de los aviones de combate para la exclusión aérea y por tres meses los medios navales para el embargo de armas. En ambos casos se trata de periodos prorrogables.

El debate posterior con los grupos políticos no pasará a la historia del parlamentarismo por su intensidad. PP, CIU, PNV, UpyD, ERC o Coalición Canaria secundaron el argumento central del presidente del Gobierno. «Había que intervenir para proteger los derechos humanos», vinieron a justificar sus portavoces. No obstante, fue generalizada la crítica a la ONU por su tardía respuesta, el nacionalista catalán Josep Antoni Durán i Lleida llegó a hablar de «vergüenza», y, en menor medida, el reproche al Gobierno por aprobar el envío de tropas antes de pasar por el Parlamento.

Interrogantes

Mariano Rajoy tuvo un discurso condescendiente con Zapatero y ratificó el compromiso del PP con la intervención armada en un asunto «de primera magnitud». El líder del PP aseguró que no iba a «entorpecer ni estorbar» al Gobierno porque su partido «nunca» se ha opuesto a operaciones de esta naturaleza por «coherencia», en velada referencia al rechazo del PSOE a la guerra de Irak. Rajoy tan solo pidió resolver algunos interrogantes de la misión, como la coordinación y el liderazgo del mando, y el papel de la OTAN, que se ocupará del control de los medios navales y está por ver si también de los medios aéreos.

Si Rajoy evitó los paralelismos con la guerra de Irak sí lo hizo, y con ahínco, Gaspar Llamazares. El diputado de IU recuperó el discurso del '¡No a la guerra!' y recordó que Zapatero dijo no a la intervención de Irak, sí con condiciones a intervenir en Afganistán y aceptó sin tapujos participar en la operación contra Libia. Un rosario de incoherencias para Llamazares.

El diputado de IU defendió que en el mundo existen decenas de conflictos similares al de Libia y la comunidad internacional no ha intervenido ni piensa hacerlo. Asimismo, mencionó los intereses económicos y geoestratégicos que mueve la operación. «No se trata de proteger» a la población civil, sino del «derecho a controlar» el devenir del país, argumentó. En la misma línea, el diputado del Bloque Nacionalista Galego, Francisco Jorquera, fue también muy crítico con el presidente, al que dijo que había elegido el «camino de la destrucción» por aprobar la intervención militar.

Zapatero replicó a Llamazares que sus argumentos pretendían «desfigurar» la realidad, ya que la posición socialista con Libia es coherente y tiene una diferencia sustancial con respecto a Irak: la resolución de la ONU que ampara el uso de la fuerza para detener los crímenes contra la humanidad. El presidente del Gobierno no entró en si había o no intereses espurios tras la operación, pero afirmó con rotundidad que la coalición tenía el objetivo de «encauzar» la transición democrática que había demandado el pueblo libio.