La AVT cree que los miembros de Segi se retratan al cobrar ayudas del Estado

La Asociación de Víctimas del Terrorismo censuró que la militante de Segi huida Irati Tobar cobrase 2.452 euros por los daños en su casa por el atentado de ETA contra Esther Cabezudo, concejal socialista de Portugalete en 2002. La indemnización salió del fondo destinado a ayudas a las víctimas del terrorismo.

El vicepresidente de la AVT, José Marco, consideró que con esa actitud los que jalean a ETA quedan retratados ya que muestran su «verdadera calidad moral y ética». Indicó que es «paradójico y contradictorio» que una organización ilegalizada como Segi por sus vínculos con ETA se acabe aprovechando del «Estado torturador y opresor», en palabras de la fugada Irati Tobar.

Admitió, no obstante, que este caso era difícil de impedir porque cuando ocurrió el atentado no estaba acusada de nada.