«No hay constancia de que ETA quiera dejar la violencia»

“No hay constancia de que ETA tenga voluntad de abandonar la violencia”. Así de tajante se ha mostrado el primero de los funcionarios del Ministerio del Interior que ha declarado como testigo ante la Sala Especial del Tribunal Supremo durante el proceso en el que el alto tribunal decidirá si la nueva marca electoral de la izquierda abertzale, Sortu, puede ser inscrita en el registro de partidos políticos.

El testigo es uno de los responsables de la lucha antiterrorista del Cuerpo Nacional de Policía. El agente ha encuadrado el nacimiento de Sortu dentro de la estrategia de la propia ETA de “desactivar temporalmente la violencia terrorista” para dar paso a la “vía política”. Según el testigo, no hay dudas de que el nuevo partido es herencia de Batasuna, que “encarna el proyecto político” que está detrás de las nuevas siglas. “No ha habido ninguna ruptura”, ha asegurado el agente, antes de insistir que “Sortu es una iniciativa que es compartida por ETA y Batasuna”.

El agente ha explicado a los magistrados que Batasuna ha apostado por Sortu y las vías políticas por mero “utilitarismo” -no por convencimiento de que los atentados no sean positivos- después de llegar a la conclusión de que “no hay tiempo para asumir un largo periodo de violencia”.

El mando de los servicios de Información ha comparecido a petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que habían reclamado que fueran escuchados la media docena policías y guardias civiles que redactaron los informes que sirvieron para elaborar sus respectivas demandas contra Sortu.

Petición del fiscal

Los 16 magistrados de la Sala del 61 han dado el visto bueno a la reclamación del Ministerio Publico, representado por Antonio Narváez y de lo servicios jurídicos del Estado, encabezados Adolfo Araiz, durante la celebración de una vista de cuestiones previas en el proceso que hoy se inició y en el que el alto tribunal decidirá si la nueva marca electoral de la izquierda abertzale puede ser inscrita en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior.

Tanto Narváez como Araiz se ratificaron en sus demandas en las que piden que se deniegue la inscripción de Sortu por entender que el partido es una sucesión fraudulenta de la ilegalizada Batasuna. La única novedad es que la Fiscalía ha retirado la acusación contra uno de los promotores del partido, José Javier Artola, de haber financiado con una cuenta a presos de ETA.

Por su parte los abogados de Sortu, Iñigo Iruín y Adolfo Araiz, pidieron la inclusión en la causa de un desconocido informe policial y rechazaron llamar a testigos o peritos que defiendan ante el tribunal la ‘limpieza’ e ‘independencia’ del partido frente a la ilegalizada Batasuna (parte también en este proceso y que no se ha personado). La defensa fía, por tanto, todas sus cartas a los alegatos de los letrados y a la prueba documental.

Tras la comparecencia de los testigos, la Sala del 61 ha suspendido la vista hasta mañana a las 10.00 de la mañana, cuando las partes expondrán sus conclusiones.