El PP denuncia a seis ex altos cargos por los ERE

El Partido Popular presentará mañana en los tribunales una denuncia por siete delitos contra seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía por las irregularidades detectadas en los ERE pagados con dinero público. Los populares les acusan de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, falsedad en documento público y fraude en las subvenciones.

La portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, señaló que la denuncia va dirigida también contra cinco directivos de empresas implicadas en el caso y 15 personas más, en su mayoría, dijo, dirigentes y militantes socialistas. La querella, advirtió Soto, está «abierta» y más adelante puede incluir a otras personas que pudieran haber encubierto el fraude detectado o haberse beneficiado de las prejubilaciones irregulares.

Los seis ex altos cargos denunciados son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; los exdirectores de Trabajo y Seguridad Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Manuel Jesús Regidor; el actual responsable de ese departamento, Daniel Alberto Rivera; y el exdelegado en Sevilla de la Consejería de Empleo Antonio Rivas. La denuncia de los populares plantea también que declaren como testigos el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa y expresidente de la agencia IDEA, Francisco Vallejo, así como el interventor general de la Junta, Manuel Gómez, y el interventor delegado de Control Financiero de las Empresas Públicas, Ignacio García Revilla.

En su escrito el PP explica que el origen del caso se remonta a 2001, cuando la Junta de Andalucía modificó el procedimiento de distribución de las ayudas públicas a empresas en crisis. Hasta entonces, el dinero era manejado por la Consejería de Empleo, pero a partir de aquel año se transfirieron los recursos a otros organismos públicos, como el Instituto de Fomento de Andalucía, que después pasó a denominarse agencia IDEA, con, según los populares, la consiguiente relajación de los controles de fiscalización.

Griñán responde

El partido opositor calcula que el fraude puede ascender a 170 millones de euros, que es la diferencia entre los recursos transferidos a los organismos encargados de gestionar las ayudas públicas y el dinero gastado en esas subvenciones. «Esto no es una cuestión de tres o cuatro pillos», apuntó la portavoz del PP de Andalucía, es «todo un sistema creado para vulnerar la legalidad». Soto precisó, no obstante, que la querella no incluye el delito de financiación irregular del PSOE, como han afirmado en otras ocasiones dirigentes del partido opositor.

El presidente de la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE regional, José Antonio Griñán, señaló antes de que se conociera el contenido de la querella del PP que su partido no va a «tapar» los fraudes y garantizó que los socialistas que estén implicados «serán inmediatamente expulsados» y llevados ante los tribunales. «Un socialista que defrauda lo que está haciendo es defraudar a toda la ciudadanía y, sobre todo, a su propio partido». «La lealtad -añadió en declaraciones a la televisión del PSOE- nunca puede ser un encubrimiento».

La consejera de Presidencia y portavoz de la Junta, Mar Moreno, consideró que es «bastante patético» el comportamiento del PP y, en particular, el de su líder, Javier Arenas, «enarbolando papelillos» para acabar «haciendo un gran papelón». La dirigente socialista señaló que los populares están empeñados en «estirar» el caso de los ERE fraudulentos. La realidad, subrayó, es que la Junta de Andalucía es la que ha puesto el asunto en manos de la Justicia cuando detectó las irregularidades, y lo que hace ahora el PP con su denuncia a seis ex altos cargos es «generar confusión». Según ella, la formación de Javier Arenas se estrella una y otra vez contra la verdad incuestionable de que es el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el que ha destapado, el que ha investigado y el que va a perseguir hasta las últimas consecuencia a quien se haya aprovechado de lo público, caiga quien caiga», sentenció.